RESEÑA POLÍTICA – No habrá tolerancia para quienes infrinjan la ley: Gobernador

Por: Juan R. de la Sota

 

El ingreso de un joven armado con una pistola de postas a las instalaciones del CBTIS 24 de Ciudad Victoria, motiva la urgente necesidad de elevar la seguridad en estas instituciones educativas, en escuelas primarias, secundarias, tecnológicos y universidades, con el objeto de prevenir acciones ilícitas que podrían generar lamentables tragedias.

También es conveniente la aplicación del “operativo mochila”, un mal necesario que debería establecerse con la supervisión y vigilancia de los padres de familia, para evitar abusos, excesos y otro tipo de irregularidades contra los alumnos, cuya acción impediría la incursión de armas de fuego y punzo cortantes, además de drogas.

Los directores de los planteles educativos son responsables de la seguridad de los alumnos, una vez que entran al edificio de enseñanza-aprendizaje, por lo que tienen la obligación de implementar las medidas de vigilancia necesarias, para garantizar la protección tanto de maestros como de los alumnos.

Para evitar peligrosos actos, como el provocado por el joven estudiante del CBTIS119 de la capital tamaulipeca, quien ingresó al CBTIS 24 para maltratar a una alumna, tras la ruptura amorosa y que fue detenido por la policía, es necesario se intensifiquen las medidas de seguridad en esas y otras escuelas.

No se debería actuar a tapar el  pozo después de que el niño se ahogó, sino establecer oportunamente una serie de medidas de vigilancia para prevenir atentados contra los jóvenes.

Ahora que ya sucedió ese lamentable hecho, los directivos del CBTIS 24 prometieron intensificar la vigilancia con arcos detectores de metales y con más elementos de seguridad privada.

Los directores de las escuelas no deben esperar a que sucedan ese tipo de casos para tomar medidas, tienen que dedicar permanente tiempo para garantizar la seguridad de alumnos y maestros.

Los padres de familia también son responsables de la conducta de sus hijos y esto los obliga a vigilarlos para que actúen dentro del marco jurídico y si no saben que portan un arma, es que los descuidan, los desatienden y no los supervisan.

Es conveniente el funcionamiento de un operativo integrado por elementos de las corporaciones policiales, padres de familia, inspectores de la Secretaría de Educación y directivos de las escuelas, responsable de revisar las mochilas y el comportamiento de los estudiantes, al momento de ingresar a las escuelas.

Urge vigilar la actitud de los jóvenes, pues actualmente presentan rebeldía derivada del uso del internet y lo publicado en redes sociales, cuya información promueve violencia y que persuade a algunos chamacos a practicarla.

Un mayor respaldo sería que la Secretaría Estatal de Seguridad Pública incremente los operativos de vigilancia en lugar aledaño a las instituciones educativas a través de sus corporaciones policiales y si se puede también con personal militar. LA SET y SEP tienen mucho trabajo por realizar en este sentido.

Los directivos y maestros de todas las escuelas tendrán que cumplir con su obligación y responsabilidad, asumiendo el compromiso, no solo de cumplir con la enseñanza-aprendizaje, sino de brindar seguridad y protección a los estudiantes.

Ya deberían hacer a un lado su flojera, pereza e irresponsabilidad, los constantes permisos y las reuniones en las direcciones de las escuelas, en donde solo se juntan para abordar chismes, temas de amoríos, de política y asuntos sindicales.

Cambiando de tema,  en Tamaulipas se firmaron distintos acuerdos y compromisos en materia electoral, con los cuales se blindan las elecciones que se celebrarán el primero de julio.

En Tamaulipas los recursos y programas institucionales estatales deberán aplicarse correctamente durante el proceso electoral y no habrá tolerancia para quienes infrinjan la ley, aseguró el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, al realizar la firma de distintos acuerdos y compromisos  en la materia, junto al titular de la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos Electorales, Héctor Marcos Díaz- Santana Castaños.

El mandatario tamaulipeco y el titular de la FEPADE, firmaron en Ciudad Victoria, el programa de trabajo en materia de capacitación, difusión, divulgación e intercambio de información entre el Gobierno del Estado de Tamaulipas y la Fiscalía, para prevenir la comisión de delitos electorales y fomentar la participación ciudadana, así como un compromiso para garantizar el blindaje electoral de los programas sociales.

“Una elección limpia y confiable es la responsabilidad de todos, con apoyos como los que trae consigo  la firma de este compromiso de blindaje electoral, los comicios del primero de julio serán una gran fiesta cívica” afirmó el titular del Ejecutivo Estatal, al subrayar que estas acciones son ejemplo de la relación de respeto y colaboración institucional del Gobierno del Estado y el Gobierno de la República.

En otro asunto el que anda muy triste y desconcertado y buscando el apoyo de los medios de comunicación, pero de a gratis, es el doctor Américo Villarreal Anaya, candidato a Senador por la empresa-partido MORENA del tabasqueño Andrés Manuel López Obrador, dado que se ha dado cuenta que sólo lo conocen en su casa y que no está ganando simpatías ni electores.

Resulta que el suplente en la formula que encabeza el hijo del ex gobernador Américo Villarreal Guerra, un tal Faustino López Vargas, por cierto también galeno prófugo del bisturí, anda desesperado buscando el apoyo de los periodistas para que promocionen la candidatura con la desconocida propuesta del abanderado morenista.

A don Faustino, le recordamos las frases de Carlos Hank González, ex jefe del departamento del Distrito Federal: Un político pobre, es un pobre político”. “Todo aquel que llegue a la política, sin ser rico, tendría que buscar serlo, para no ser un pobre político”.

El dato: El Comité Ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción no tiene dinero, porque quienes lo integran no han cumplido con los trámites de ley para radicarles el recurso. La Secretaría de Finanzas informó que se tienen etiquetado para el gasto del Sistema Estatal Anticorrupción seis millones de pesos, los cuales se mantendrán intactos hasta que se realicen los trámites necesarios para asignarlos.

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