Se necesitan más de 3 mil millones de pesos para mejorar el sistema penitenciario
Los Centros de Ejecución de Sanciones en Tamaulipas -Cedes- tienen un nivel óptimo de recuperación y orden, disminuyeron los índices de sobrepoblación penitenciaria y mejoró el control de la seguridad al interior, además de que existe un proyecto que contempla la inversión de 3 mil 150 millones de pesos para hacer construcciones y equipamientos en los penales de la entidad.
Arturo Rosas / LA RED DE ALTAMIRA
TAMAULIPAS.- Los Centros de Ejecución de Sanciones en Tamaulipas -Cedes- tienen un nivel óptimo de recuperación y orden, disminuyeron los índices de sobrepoblación penitenciaria y mejoró el control de la seguridad al interior, además de que existe un proyecto que contempla la inversión de 3 mil 150 millones de pesos para hacer construcciones y equipamientos en los penales de la entidad.
Tanto los legisladores locales como funcionarios estatales, relacionados en materia de Derechos Humanos y Sistemas Penitenciarios, atajan así los índices que arrojó el diagnóstico de la CNDH donde reprueban el sistema carcelario en Tamaulipas con el 4.7 de calificación.
Ciro Hernández Arteaga, presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso del Estado, recordó que en el presupuesto de egresos y en la ley de ingresos que aprobaron para el 2018, se autorizó que el gobierno tramite un crédito de 3,150 millones de pesos para invertir en materia penitenciaria y seguridad.
Tamaulipas requiere de poco más de 3 mil millones de pesos para mejorar el sistema penitenciario y seguramente está en proceso desde la Secretaría de Finanzas y desde la propia Secretaría de Seguridad Pública, señaló el legislador.
El legislador detalló que dentro de los proyectos está la inversión proyectada de 1,700 millones de pesos que servirán para terminar la construcción del nuevo penal en Ciudad Victoria.
Habrá 1,200 millones de pesos para obra civil y 500 millones de pesos para el equipamiento, lo que permitirá trasladar a los reos del Penal que se ubica en la calzada de Tamatán hacia el nuevo Cedes.
Gloria Garza Jiménez, subsecretaria de Legalidad y Asuntos Gubernamentales, conoce del diagnóstico emitido por la CNDH pero al mismo tiempo, muestra que desde el 2017, el gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca entró a un proceso de orden.
Destaca: “Hay muchos avances y además nosotros complementamos la información que nos pide la Comisión Nacional de Derechos Humanos”.
Garza, añade que en el penal de Altamira se cuenta ya con una guardería para atender a los hijos menores de seis años de las internas.
“Esa es una garantía que se les ofrece a las menores y a las niñas que están ahí”.
Funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública, añaden que en el periodo en que se hizo el Diagnóstico de la CNDH -marzo-agosto 2017- la dependencia había entrado a los penales a poner orden.
Bajó el número de sobrepoblación, la autoridad tomó el control de los penales, mejoraron las condiciones alimenticias, el personal de custodia mejoró su capacitación y se les brindó uniformes y no pasan por alto que, lo anterior tuvo una reacción que al final fue controlada.
Sin pasar por alto el traslado de reos a penales federales y equilibrar la población penitenciaria, los operativos donde se sacaron armas de los penales de Victoria, Reynosa y Nuevo Laredo.
Sin embargo el Diagnóstico penitenciario que hizo la CNDH, todavía muestra que las deficiencias detectadas con mayor incidencia se refieren a la separación entre procesados y sentenciados.
“Hay deficientes condiciones materiales, equipamiento e higiene de las áreas de dormitorios, sancionados, sujetos a protección, cocina y comedores, insuficiente personal de seguridad y custodia, hacinamiento, falta de actividades laborales y de capacitación para el trabajo”.
También se identificaron como deficiencias importantes la falta de prevención y atención de incidentes violentos, así como las condiciones de autogobierno/cogobierno.
La CNDH añade que “en la mayoría de los centros visitados no se cuenta con algún programa para la prevención de adicciones y de desintoxicación voluntaria eficiente, prevaleciendo deficiencias como la inexistencia o insuficiencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento del Centro”.
En el caso de Tamaulipas, la Comisión Nacional de Derecho Humanos diagnosticó los Cedes de Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo y Ciudad Victoria con una calificación reprobatoria.
En estos Centros de Ejecuciones, tuvieron una evaluación negativa. Matamoros con el 4.66; Reynosa 4.88; Nuevo Laredo 5.31 y Ciudad Victoria con el 4.01.
Durante los últimos 7 años, los penales en Tamaulipas han sido mal calificados. En el 2011, cuando la CNDH inició el Diagnóstico, hubo una calificación estatal de 5.88; En el 2012 un 5.67; En 2013 el 5.37; Para el 2014 un 5.14; En 2015 el 5.29; En 2016 4.95 y en 2017 el 4.71 de calificación.