Por Juan R. de la Sota

Muchos políticos ya se están quejando de posibles acciones dictatoriales del Gobierno Federal que encabeza el Presidente Andrés Manuel López Obrador, al advertir sobre la implementación de proyectos que atentarían contra la democracia mexicana, esto luego de pretender reducir el financiamiento público a los partidos políticos y promover la desaparición de los organismos públicos electorales locales.

El recorte de presupuesto a los partidos y eliminar a las autoridades electorales locales, lo ejecutaría a través de MORENA y otros partidos aliados. Eso sería una medida centralista, es decir que se ordenarían desde la Presidencia de la República y que perjudicarían al pueblo mexicano.

Andrés Manuel López Obrador y los dirigentes de MORENA, tienen el poder para hacer realidad esos proyectos y otros, dado que cuentan con el control del Poder Legislativo, (las Cámaras de Senadores y Diputados), que es donde se aprueban las propuestas del titular del Poder Ejecutivo Federal, sólo que no contarían con el aval o autorización de los ciudadanos.

Los funcionarios federales y su jefe político buscan el control de todo tipo de juegos electorales, lo cual, no únicamente pondría en riesgo la democracia, sino la autonomía, la soberanía de las autoridades locales.

El diputado priista del Congreso de Tamaulipas, Alejandro Etienne Llano, profesional del derecho, lanzó fuertes críticas hacia el Partido Movimiento de Regeneración Nacional, al acusarlo de pretender convertirse en un partido hegemónico  a través de reducir el financiamiento a partidos políticos.

Advirtió que eso, sería un grave retroceso y consideró desafortunada la pretensión del Partido Movimiento de Regeneración Nacional de promover la desaparición de los organismos públicos electorales locales.

Al reducir el 50 por ciento las prerrogativas que se entregan a los partidos  políticos, sería un grave retroceso para la democracia mexicana, advirtió el ex alcalde de Ciudad Victoria.

Opinó el legislador que el dinero que se entrega a los partidos por concepto de financiamiento, surgió para que no hubiera un solo partido el que tuviera ventaja en procesos electorales  y  manifestó su descontento o disgusto por la iniciativa que está a punto de presentar MOREMA, con la cual se pretende eliminar a los institutos electorales  en los Estaos.

El político priista  rechazó que el hecho de que las elecciones se consideren caras sea un argumento válido para eliminar a los institutos. Dijo que la democracia debe tener los recursos   necesarios y “no podemos calificarlos de caros o de baratos”.

El presidente López Obrador busca  utilizar a los senadores y diputados federales morenistas, con el fin de tener el control de los órganos electorales de los Estados, lo cual les permitiría hacer y deshacer en los procesos electorales para elegir gobernadores, presidentes municipales y diputados locales, por eso se considera que su proyecto atentaría gravemente contra la democracia.

Para que eso suceda, se tendrían que hacer diversas reformas a las Constituciones Políticas Federal y Local, además a las leyes electorales. Si se aprueba, por ejemplo la eliminación de los órganos electorales locales, sería un abuso de poder, pues puede que se viole la soberanía o autonomía de las autoridades locales. Lo de reducir el financiamiento a los partidos, traería otras consecuencias negativas, como que los partidos pudiesen buscar  dinero ilícito para financiar sus actividades políticas.

Los funcionarios federales deberán tener mucho cuidado, analizar bastante ese proyecto para no pisotear la democracia que tanto esfuerzo le ha costado tener a los mexicanos. La medida de Obrador y los morenistas buscan el poder en los Estados a través de acciones que perjudican a la ciudadanía y dañan la democracia.

Deberían no ser autoritarios, imponer acciones que generan descontento y malestar, por lo que es necesario den la oportunidad a que los mexicanos opinen sobre sus intenciones y sea el pueblo en general los que decida, si se elimina o no el funcionamiento de las autoridades electorales locales y se recorta al presupuesto a los partidos políticos.

Cambiando de tema, el Partido Revolucionario Institucional decidió expulsar de sus filas  del ex gobernador de Chihuahua César Horacio Duarte Jáquez, pero el partido tricolor, en la aplicación de sanciones a priistas corruptos, se ha quedado corto, pues hay muchos que andan sueltos y que están bajo proceso y ni tan siquiera se encuentran en análisis para expulsarlos.

Recientemente el Poder  Judicial de la Federación, confirmó la expulsión  definitiva  del PRI  de Duarte Jáquez. Los magistrados y Magistradas dieron la razón al PRI, el cual decreto la expulsión del mandatario estatal  por incurrir, como  gobernador en diversas conductas  violatorias  de la normativa interna del partido, dañando la imagen ante la ciudadanía en general.

El acto de expulsión lo impugnó el ex gobernador, pero el falló final fue en su contra y ya no pertenece al Revolucionario Institucional. La Comisión de Justicia Partidaria  del partido tricolor, debería ser pareja, porque hay pruebas de que muchos políticos priistas, entre ellos ex gobernadores cometieron corrupción en el desempeño de sus funciones públicas y andan en la calle con la sonrisa de oreja a oreja.

En otro asunto, algunos alcaldes se quejan y se quejan de que los ex presidentes municipales les dejaron muchas deudas y que detectaron un montón de irregularidades en el manejo del presupuesto público. La mandatarios municipales ya no deberían hacer corajes y ni apretarse las manos al enfrentar problemas para cubrir los adeudos de los ex mandatarios. Si tienen pruebas, con justa razón y derecho pueden acudir ante las autoridades ministeriales a denunciar los presuntos actos ilícitos, para que se inicie proceso  y se lleve a la cárcel a los presuntos responsables, en donde podría exigirles que devuelvan el dinero público.

Fuertes candidatos al fresco bote, si son denunciados, son el ex alcalde de Madero Andrés Zorrilla Moreno y la ex presidenta de Tampico, Magdalena Pereza Guerra. Tan sólo a Zorrilla, lo acusan de desviar 500  millones de pesos, suficientes elementos para abrirle una averiguación previal penal, pero se requiere que la autoridad municipal actual presente la respectiva denuncia.

El dato: El gobierno  federal le sigue debiendo a los tamaulipecos una buena seguridad pública, la generación de empleos, apoyos para el   combate de enfermedades, ayuda para los adultos mayores y beneficios para la productividad en el campo y las empresas. La Federación tiene muy olvidados a los tamaulipecos y les sigue mintiendo, pues en lugar de beneficiarlos, les está retirando los apoyos que tienen. Siguen con sus mentiras, como eso de construir tres universidades “Benito Juárez” en los municipios de Hidalgo, San Fernando y Aldama. Hasta no ver, se les aplaudirá, pues las falsedades morenistas están a la orden del día.