Por Juan R. de la Sota

 

El presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado (ASE), diputado Joaquín Hernández Correa, ha dedicado mayor tiempo a promover castigo a los funcionarios corruptos que a atender su labor legislativa y las demandas de los tamaulipecos.

Se ha mantenido como un “representante popular” protagónico para publicitarse, sometido al grupo parlamentario mayoritario, desinteresado de los reclamos sociales, improductivo y muy alejado de la gente, cuyas acciones son repudiadas por los ciudadanos, al no cumplir con sus obligaciones y responsabilidades.

Hernández Correa, ha utilizado la política para ganar poder y dinero, protección personal y privilegios para sus negocios; su actitud y proceder es distinta a la de su padre don Joaquín Hernández Galicia “La Quina”, quién sí defendió los intereses de los trabajadores que lideraba.

De los adultos mayores, de las mujeres, de los niños, de los estudiantes, de los padres de familia y de los campesinos, el cual en todo momento se preocupó por impedir las injusticias y luchó por mejorar las condiciones de vida de todos los ciudadanos, sin embargo su hijo “La Quinita” tiene abandonado a su pueblo.

Ciertamente es su función solicitar se denuncie a los alcaldes, ex alcaldes y otros funcionarios que no comprueben el legal gasto del dinero público, pero su deber es vigilarlos  y capacitarlos para que apliquen correctamente dichos recursos.

Él como diputado debe o debió movilizarse para brindarles información sobre cómo ejercer el presupuesto e ir a campo, para fiscalizar la correcta aplicación del presupuesto y constatar la realización de las obras.

Pero no, se la pasa sentado en su oficina del Congreso y atendiendo asuntos particulares, sin dedicar cierto tiempo para verificar el buen uso del dinero correspondiente al presupuesto de los municipios. No informa de sus gestiones, leyes, apoyos, beneficios y debates en tribuna, porque simplemente no ha hecho nada.

Para ser preciso, hizo una declaración a los medios de comunicación que, ni él se la cree, mucho menos los tamaulipecos: En la revisión de las cuentas públicas, así como en la denuncia de aquellos alcaldes o alcaldesas que hayan saqueado los ayuntamientos “el color no significa nada ni valdrá, refiriéndose al partido político al que pertenece el edil o ex diles.

Como las modificaciones en la ley en materia de cuentas públicas es distinta, se pide a los municipios recién entrados en funciones la conozcan para que sepan que ahora, primero le llama a comparecer al ex alcalde, se le pide que retorne el dinero que haga falta y si no se lleva a cabo esta reparación del daño, se da vista a la Secretaría de Finanzas y a la Procuraduría.

En este sentido, apresuró a Presidentes Municipales a cotejar las actas de entrega recepción con los bienes físicos, para que en caso de existir faltantes den cuenta de  inmediato a la Auditoría Superior.

Lo que menos quiere la Auditoría y el propio Congreso es que el tema de la entrega recepción y cuentas públicas se torne en una situación de tipo político, por lo que insistió “todo con la razón se mueve y hay que dar en conocimiento a la Auditoría Superior”.

Muy fácil la plantea este legislador, quiere que los actuales municipios le hagan la chamba que a él también le corresponde, pues tuvo tiempo para hacer visitas de fiscalización y evitar posibles desvíos de dinero de los presupuestos municipales

Los diputados no deben dar espacios para que se practique la corrupción, tienen que privilegiar la fiscalización para exigir y obligar a los alcaldes a gastar el dinero público en obras de beneficio social y con ello impedirían que los desvíen a acciones no autorizadas.

El legislador Hernández Correa y sus compañeros diputados no hacen una minuciosa revisión de las cuentas públicas, le dan una leída y ojeada a los correspondientes expedientes escogidos al azar, cuando su obligación es verificarlos todos.

Incluso ni cuando tienen dudas en algunos gastos en obras y programas sociales, no se levantan de su silla para ir a verificar sí existe la obra físicamente y si se entregó el beneficio a la gente.

Mientras los diputados no ejerzan una estricta fiscalización y supervisión en el gasto de presupuesto de los Ayuntamientos, difícilmente podrán erradicar y prevenir la corrupción en los municipios.

No por el trabajo de los diputados, sino por denuncias, varios ex presidentes municipales sí tendrán que enfrentar la acción de la justicia, debido a que existen quejas públicas de actos irregulares e ilegales cometidos durante sus administraciones.

Por lo que no se descarta que al menos dos o tres ex mandatarios municipales pisen la fresca cárcel, bueno, si los actuales alcaldes se atreven a denunciarlos.

.Por cierto, a los legisladores locales ya se les ocurrió trabajar poquito,  pues ya definieron los nombres de los Secretarios del Gobierno del Estado que habrán de comparecer ante el Congreso, para la glosa  del segundo informe de actividades  del Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.

Lo harán, los Secretarios de Educación, Héctor Escobar Salazar, ante la Comisión de Educación a las 9:00 horas y la de Obras Públicas, Cecilia Del Alto López, ante el  Pleno Legislativo a las 13: horas, ambos el 10 de octubre.

El secretario de Seguridad Pública, contraalmirante Augusto Cruz Morales el 17 de octubre a las 9:00 horas, ante la Comisión de Seguridad Pública y Prevención y Readaptación Social y el mismo día, pero a las 13:00 horas el Procurador de Justicia,  Irving Barrios Mojica, quien comparecerá ante el Pleno Legislativo.

El 24 de octubre a las 9:00 horas le tocará  al titular de la Secretaría de Bienestar Social, Gerardo Peña Flores, ante la Comisión de Bienestar Social y a las 13:00 horas a la Secretaria de salud, Gloría Molina Gamboa, ante el Pleno.

Los secretarios responderán a las preguntas de los diputados y despejarán las dudas que presenten los mismos.

Cambiando de tema, este día habría de reanudarse la audiencia del ex gobernador Eugenio Hernández Flores, luego que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción  formulara nuevos cargos por los probables delitos de enriquecimiento ilícito y operaciones de recursos  de procedencia ilícita.

Esta audiencia la encabezará la nueva defensa de Eugenio Hernández, tras volver a contratar los servicios jurídicos  de los hermanos Collado, quienes en principio  lo habían defendido cuando fue detenido.

Cabe mencionar que la Fiscalía, de acuerdo a sus investigaciones, detectó que el ex gobernante estatal tuvo un incremento patrimonial injustificado y por lo tanto ilegítimo debido a que no se pudo determinar el origen de los ingresos.

En otro asunto, el que está por anunciar su retiro de la dirigencia estatal del Partido Movimiento Ciudadano  es el ex alcalde panista de Victoria, Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, quien luego de varios años de tener olvidados a los ciudadanos por estar cobrando como diputado viene a probar suerte a la ciudad a la que nunca debió regresar.

Sin embargo, seguirá manejando el presupuesto de ese partido, ya que impondrá como líder de ese instituto político, a su ahijado y actual diputado federal Mario Alberto Ramos Tamez.

El dato: El ex alcalde de Madero, Andrés Zorrilla Moreno, tiene proyectado solicitar los servicios de un grupo de abogados que le prepare su defensa, porque teme ser denunciado por su actos corruptos e ir a la fresca prisión, en donde tendría suficiente tiempo para hacer un libro sobre todas sus pollerías y fechorías.