LUPITA TORRES / LA RED DE A ALTAMIRA
TAMPICO.- En un mes, las denuncias penales por aborto en Tamaulipas se incrementaron un 300 por ciento, de acuerdo al último reporte emitido por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con lo que este 2022 superó también el número de carpetas de investigación iniciadas por este delito, en el primer cuatrimestre del 2021.
El informe detalla que durante el mes de marzo de este mismo año, la Fiscalía General de Justicia recibió 3 denuncias por el mencionado ilícito mientras que en abril se incrementó a 9 lo que hace un total de 18 expedientes tomando en cuenta las 2 denuncias presentadas en enero y las 4 de febrero del presente año.
Por lo que respecta al 2021, durante este mismo período, el primer cuatrimestre, las cifras alcanzaron 14 denuncias interpuestas ante la FGJ.
En Tamaulipas, diferentes grupos y activistas han solicitado la legalización del aborto sin embargo, la mayoría de los integrantes del Congreso Local han votado en contra de esa iniciativa.
En su momento, diputados del PAN señalaron que la legislación penal local y federal, contienen excluyentes absolutorias de responsabilidad en favor de la mujer cuando el aborto se realiza bajo ciertas circunstancias que ponen en riesgo su vida, o cuando se da sin existir la intención de hacerlo, como el caso de que la mujer embarazada, haya sido víctima de violación.
LA LEY
El Código Penal del Estado de Tamaulipas, en su artículo 356 establece que comete el ilícito quien prive de la vida al producto de la concepción en cualquier momento de la preñez y se le impondrá una sanción de uno a cinco años de prisión, quedando facultado el juez para sustituirla por tratamiento médico integral, para lo cual solo bastará que lo solicite y ratifique la responsable.
A la persona que provoque la muerte del producto de la concepción de una mujer embarazada, se le impondrán de cuatro a nueve años de prisión, según la gravedad del caso.
Sin embargo, la legislación estatal permite el aborto terapéutico, justificado por razones médicas, realizándose en casos de riesgo para la vida de la madre o su salud física y mental; incluso, el Estado tiene la obligación de brindarle toda la atención que requiera para tales efectos. También se permite cuando el embarazo es producto de una violación.
