Por Josefina Vázquez Mota
“México no puede volver a una institución electoral alineada con el gobierno, incapaz de garantizar la necesaria imparcialidad en todo el proceso electoral. Nuestro país no merece regresar al pasado porque lo construido permite elecciones auténticas, piedra angular de todo sistema democrático”. José Woldenberg (13 de noviembre de 2022).
La amenaza de un Plan B ante el rechazo contundente de la reforma electoral promovida desde el Ejecutivo federal, y la falta de consenso y acuerdos, pero sobre todo, de los votos necesarios para las dos terceras partes que exige una reforma constitucional, tanto en Cámara de Diputados como en el Senado, hasta hoy es el dique más poderoso para impedir la destrucción de la democracia.
Si bien hasta ahora no se ha presentado, ni circulado ninguna iniciativa sobre el dichoso Plan B, de acuerdo a lo declarado por diversos personajes del partido mayoritario, se pretende reformar la legislación secundaria, principalmente la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), la Ley General de Partidos Políticos (LGPP), y reducir la estructura del Instituto Nacional Electoral (INE), fusionando por ejemplo, las Direcciones Ejecutivas de Organización Electoral con la de Capacitación Electoral y Educación Cívica.
Además de quitar los módulos del registro federal de electores que tiene el INE en todo el país para la credencial de elector para que esos trámites se hagan en otros espacios públicos como escuelas; que al titular de la Unidad de Fiscalización lo nombre la Cámara de Diputados y no el Consejo General del INE, como también, quitarle el padrón electoral al instituto para entregárselo a la Secretaría de Gobernación.
Esto último pese a que en la Constitución se establece como una facultad exclusiva del INE elaborar el padrón electoral y la lista nominal de electores, por lo que de acuerdo a especialistas, ceder o permitir que el gobierno federal en turno controle la información de 96.5 millones de personas contenidas en el padrón y con la posibilidad de votar en 2024, es claramente inconstitucional y una de las graves amenazas a la democracia.
Y es una amenaza porque nuestros procesos electorales perderían legitimidad y transparencia, pero, sobre todo, la alternancia política y la pluralidad con la que llevamos décadas transitando en el país quedarían sepultadas.
Pretender, presuntamente, que la Secretaría de Gobernación asuma el control del padrón electoral a través una ley secundaria, no solo violenta lo establecido en la Constitución, sino que nos regresa al centralismo absoluto del poder.
Es bien sabido, ya que se hizo público, que el interés del régimen por hacerse del padrón electoral es desde enero de 2020, cuando la Secretaría de Gobernación solicitó al INE transferir los datos biométricos contenidos en el Registro Federal de Electores para con ello, supuestamente, integrar el Registro Nacional de Ciudadanos y brindar el Servicio Nacional de Identificación Personal, afortunadamente el instituto electoral se negó y ofreció alguna otra salida sin que comprometiera la entrega del padrón.
La tentación de hacerse del padrón electoral y la lista nominal por parte de quienes encabezan el régimen siempre ha estado latente, sin embargo, nunca se había visto la burda desesperación por adueñarse de él sin importar que ello ponga en riesgo nuestra democracia.
Por eso me congratula la respuesta ciudadana del pasado 13 de noviembre, cuando miles de mexicanas y mexicanos salimos por voluntad propia a defender la legalidad de nuestras elecciones, y la permanencia del INE y del Tribunal Electoral, porque ha tenido consecuencias decisivas.
Sin embargo, las amenazas al INE, las tentaciones autoritarias y destructoras de la democracia y las libertades están vivas. Las horas por venir son decisivas para nuestra generación y para las que están por venir, de ahí la inquebrantable determinación de defender lo que hasta hoy hemos construido.