COMO ACCIONISTAS DE LAS EMPRESAS “HOSPITALS & INVESTMENTS” Y “DISCOVERING MÉXICO DESTINATION CLUB”
Tania Gisela Contreras López, encargada del despacho, se reservó el nombre de los accionistas de las empresas “Hospitals & Investments” y “Discovering México Destination Club” junto con otros ex servidores públicos el gobierno de Francisco “N” que serían demandados por un monto de 264 millones 643 mil 893 pesos, y que estarían implicados en irregularidades donde el estado de Tamaulipas sería el agraviado.
RAMÓN MENDOZA / LA RED DE ALTAMIRA
TAMAULIPAS.- Esta semana la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado definirá la postura legal y acusatoria para presentar las denuncias ante la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (FGJT) en contra de los responsables de la compra-venta de cinco predios en la playa Miramar, en Madero, durante el sexenio anterior.
Tania Gisela Contreras López, encargada del despacho, se reservó el nombre de los accionistas de las empresas “Hospitals & Investments” y “Discovering México Destination Club” junto con otros ex servidores públicos el gobierno de Francisco “N” que serían demandados por un monto de 264 millones 643 mil 893 pesos, y que estarían implicados en irregularidades donde el estado de Tamaulipas sería el agraviado.
“Se enajenaron los predios y el propio contrato estableció que a partir de los tres años las empresas iban a empezar a pagar al Estado, en una situación de desventaja, en una condición donde el Estado no recibe ningún beneficio, es decir, les otorga la propiedad de un inmueble y después de tres años los particulares iban a empezar a pagar”, dijo.
La enajenación de los predios se autorizó por el Congreso de Tamaulipas en agosto del 2021, sin embargo, las secretarías de Turismo, de Desarrollo Económico y de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Estado detectaron que las empresas en sus proyectos ejecutivos no cumplían con un beneficio para la entidad.
“Con motivo de las múltiples irregularidades descritas, deberá facultarse a la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado para que realice los actos jurídicos y administrativos para dar cumplimiento al presente decreto”, señala el documento aprobado por el Congreso.
Mientras tanto, la abogada dijo que los predios volvieron a ser propiedad del Gobierno del Estado, pero no se descarta la posibilidad de que las empresas denuncien al Congreso y el Estado por posible daño, efectos que serán analizados a la brevedad.
