Por Clemente Castro González
Ante las fallas en la operación política y legal, en el muy sobado caso del fiscal anticorrupción, RAÚL RAMÍREZ CASTAÑEDA, alguien tendrá que responder porque es inconcebible que aún permanezca en el cargo un personaje al que les sobran denuncias debido a irregularidades cometidas en calidad de funcionario público; que encubre a corruptos y, además, que reprobó los exámenes de control y confianza.
¿Quiénes no han realizado bien su labor para que llegue el cambio a la fiscalía? ¿Por qué crear la expectativa pública en torno al despido del fiscal o su detención y al fin de cuentas, esto derive en un verdadero fiasco? ¿A qué se deben los fracasos de quienes tendrían que entregar “buenas cuentas” a la jefatura política estatal? ¿Acaso el grupo político que colocó al fiscal en su puesto tiene manos amigas en el gobierno de la transformación?
Hasta ahora las evidencias señalan que el fiscal y el grupo que representa se ha salido con la suya pese a las acusaciones de que es objeto y hasta de una orden de aprehensión, la cual quedó sin efecto debido a un amparo concedido a RAMÍREZ CASTAÑEDA por un juez federal.
Lo anterior quiere decir que estamos frente a un servidor público cínico y desvergonzado, cuya misión central es servir a intereses personales y al que le sobran mañas para obtener impunidad y pasar de victimario a víctima.
Habrá que darle “mérito” también a su defensa jurídica que, así sea camuflados, puede tratarse del bufete de abogados que protege, al precio que sea, al el ex mandatario FRANCISCO JAVIER G.
Al fin y al cabo el fiscal y el ex gobernador están en el mismo barco y su coincidencia, de antes y de ahora, les da para hacer más férreos sus lazos de complicidad.
Es lógico que RAMÍREZ CASTAÑEDA haga lo necesario para evitar que lo quiten del espacio, el cual le permite detener cualquier procedimiento en contra de su jefe y ex compañeros del sexenio pasado.
Lo que es de sobra conocido es que el susodicho mantiene en la congeladora 50 denuncias que involucran en actos ilegales a ex servidores públicos y en cuyo paquete igual va su patrón.
Visto así, don RAÚL es eficiente en cuanto a trapacerías dado que, en su momento, no solo empapeló y persiguió a adversarios sino que en la actualidad es el escudo protector de los que utilizaron al gobierno para hacer de la corrupción una práctica común.
La otra cara del éste caso, en el que priva la sinrazón, es la de los jerarcas de la actual administración y del poder legislativo que, como dice la canción, van de fracaso en fracaso.
Son copartícipes de los errores cometidos en la ruta para desocupar a RAMÍREZ CASTAÑEDA, la presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso tamaulipeco, ÚRSULA SALAZAR MOJICA y su “burbuja”.
Porque los desfiguros cometidos se habrían evitado si, a la fecha, ya contaran con mayoría calificada para hacer las modificaciones legales pertinentes no solo para darle las gracias a quien disque combate a la corrupción sino a personajes de su calaña, por ejemplo el auditor superior del estado, JORGE ESPINO ASCANIO.
Éste significa una inercia más con la que no ha podido la mayoría de los legisladores la 65 Legislatura.
Da la impresión de que SALAZAR MOJICA juega a mostrar debilidad porque ambos sujetos terminaron por salirse con la suya pese a los amagos y “juntones” que les dio.
Grave que los diputados morenistas, al menos el grueso de éstos, no se involucren para defender la causa y anden en todo menos en lo fundamental, políticamente hablando.
Ello por supuesto tiene una explicación y puede ser que ÚRSULA no los tome en cuanta y menos entienda razones sobre la necesidad de reorientar y afinar la estrategia para hacer efectiva la “limpia” de cabecistas.
Además del Congreso, frente a las pifias cometidas, deben dar la cara la directora jurídica del gobierno estatal, TANIA GISELA CONTRERAS LÓPEZ y, desde luego, el jerarca de la general de gobierno, HÉCTOR JÓEL VILLEGAS GONZÁLEZ.
Si no están involucrados en lo que sucede para hacer la limpia gran problema y si lo están peor.
Algunos de los funcionarios estatales se la llevan “suave” mientras el Gobernador, AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, anda aplicado para hacer efectiva la transformación en Tamaulipas.
Sobre esto dan cuenta las actividades de gestión permanente con la federación; el facilitar y amarrar la inversión de la iniciativa privada para el estado, en cantidades de miles de millones de dólares, al igual que logros en el tema de la seguridad, aunado a los programas de infraestructura en diversos rubros y la atención social, entre otros.
Los servidores públicos que funcionan a medio gas e incluso que pudieran estar negociando con la “contra”, tendrían que entender que en este tipo de asuntos solo se comete un error y que lo demás son consecuencias.
Dado lo que sucede, insistimos, lo menos que podría darse son ajustes porque los tropiezos, así sean parciales, lo ameritan.
Los fines de año son propicios para la reflexión profunda y el ajuste, ahí donde se requiera.
En una de esas y pueden otorgarse nuevas comisiones o de plano tocarles las golondrinas, a los que todavía no agarran la onda de la alta responsabilidad que tienen en los asuntos de gobierno, no para dar excusas sino resultados.
AL CIERRE
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica (UIFE), RAÚL HERNÁNDEZ CHAVARRÍA, presentó siete nuevas denuncias contra ex funcionarios del gobierno estatal anterior.
Son cuatro las dependencias que se menciona en las denuncias que tendrían que ver con ilícitos cometidos en el mandato panista.
HERNÁNDEZ CHAVARRÍA sostuvo que son ya 12 denuncias las presentadas por el ente a su cargo y por las que deberán responder allegados a FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA.
