PILAR DANTÉS / LA RED DE ALTAMIRA
TAMPICO.- Entre diciembre del 2023 y enero del 2024 se han conocido cinco casos de violencia sexual en agravio de adolescentes, casi siempre en su propia casa, donde los tutores se han negado a denunciar por lo que legalmente se podría fincar responsabilidad en su contra; el delincuente puede alcanzar hasta 20 años de prisión.
Adi lo dio a conocer procurador de Protección a la Mujer, el Menor, la Familia, y Asuntos Jurídicos del Sistema DIF Tampico, Luis Llorente Herrera.
“Son delitos sexuales, nos han hablado de la Fiscalía para ir atender esos casos, y nosotros acudimos en representación del niño cuando la mamá o el papá no quieren de ninguna manera denunciar. Las mismas niñas llegan a la Fiscalía y nos llaman a nosotros porque sus papás no los quieren acompañar y nosotros tenemos que ir a representar”.
Refirió el abogado que quienes las atacan, son muchas veces las nuevas parejas de las madres de las víctimas.
“Los padrastros y que en su momento no quieren denunciar y nosotros tenemos la obligación de representar al menor y de alguna forma, pedimos que se vincule a quien no presentó esa denuncia”.
Por ello, dijo, están trabajando con el equipo multidisciplinario del DIF para colaborar con las Fiscalías para que integren bien las carpetas de investigación y en su momento si judicialicen.
“Se trata de adolescentes, de 13 a 15 años de edad. Todas son niñas, una situación delicada que ya estamos atacando y atendiendo a través de Mesas de Seguridad, del DIF y del Instituto de la Mujer; ya solicitamos el apoyo para que se creen campañas y de esa manera puedan ayudarnos a llevar el mensaje a madres de familia que tienen que denunciar, sino ellas también van a ser responsables y van a ser vinculadas”.
De hecho, esplicó, hay una sanción para quienes cometen el delito de comisión por omisión es decir, los encubridores. “Desafortunadamente son delitos que no son muy graves, pero son sancionables. Y a la persona que comete el delito la penalidad se incrementa dependiendo de lo que solicite el Ministerio Público y lo que otorgue el juzgado, porque pueden ser 15 o 20 años”.
Llorente Herrera indicó que cuando hay conflicto de intereses resguardan a la víctima en el DIF y se busca un familiar para que la tenga en resguardo, tratan de resarcir los derechos de los menores pues aun cuando salen del DIF siguen dando continuidad a los casos.
