FÉLIX GARCÍA AGUIAR EMITIÓ UN ATENTO EXHORTO AL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL Y DEL INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS
Informa que el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es claro, y los servidores públicos, sean estos del Gobierno Federal, Estatal o Municipal, tienen la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre partidos políticos.
JOSÉ MEDINA / LA RED DE ALTAMIRA
VICTORIA.- Félix García Aguiar emitió un atento exhorto al Instituto Nacional Electoral y del Instituto Electoral de Tamaulipas, para que investigue y disponga lo conducente para evitar que servidores públicos de la Secretaría de Bienestar, Federal y local participen en actividades políticas de Morena y el Partido Verde, en Tamaulipas, a fin de garantizar la equidad en la contienda, así como atender al principio de neutralidad en los recursos públicos contenida en el artículo 134 constitucional.
Informa que el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es claro, y los servidores públicos, sean estos del Gobierno Federal, Estatal o Municipal, tienen la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre partidos políticos.
La propaganda deberá ser de carácter institucional, y con fines informativos, educativos y de orientación social, y no deberá incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada, de cualquier servidor público.
Y la intervención de dichos servidores públicos de gestión social, que a la vez han sido también promotores del voto de un partido político determinado, dentro y fuera de sus horarios laborales, ha sido motivo de análisis por parte de los Tribunales electorales en diversos comicios.
Expuso que gracias a las denuncias oportunas por parte de los partidos de oposición y al correspondiente análisis de su indebida intervención, se ha logrado que el Instituto Nacional Electoral, los haya ya excluido de ser representantes de casilla, o actuar como observadores electorales el día de la jornada electoral el 2 de junio de 2024.
Denuncia, “En ese sentido, a pesar de lo anterior, la presión no solo no ha cesado sino que se ha intensificado, y el pasado fin de semana, trascendió en medios de comunicación el descaro y desesperación con que servidores públicos del gobierno federal han desplegado, como es el caso de Yucatán una campaña desesperada para apuntalar a Claudia Sheinbaum y sus candidatos, amenazándoles de que en caso de no ganar Morena, se les retirarán los programas sociales, en concreto del programa sembrando vida.
Esto mismo, ha sido la constante en municipios como Ciudad Victoria y Nuevo Laredo, los llamados servidores de la nación continuamente se sirven de amenazas y condicionamientos para coaccionar a la ciudadanía a apoyar el partido en el poder.
En el caso de Nuevo Laredo, este hecho resulta aún más lamentable, pues ante las flagrantes violaciones a la equidad en la contienda electoral en conductas como la anterior descrita, con el mayor de los cinismos una situación, desde la comodidad del Poder, se acusa a la oposición de orquestar una guerra sucia, y es más la candidata en el poder, tiene el atrevimiento de hacer responsable de su seguridad y la de su familia, a la candidata de la oposición.
Es decir, usando todo el poder, federal, estatal y municipal, los candidatos oficiales de MORENA buscan victimizarse, generando cortinas de humo, ante la desbandada de actores políticos de su partido hacia la Coalición Fuerza y Corazón por Tamaulipas.
Esto denota la desesperación porque ya se van y les preocupa que no les alcanzará el tiempo para tapar todo el saqueo que han hecho al dinero del pueblo, quienes recibirán en pago el voto de castigo de su propia militancia y funcionarios municipales a quienes obligan a asistir a sus eventos de campaña con la amenaza constante en los últimos días de que en caso de no obedecerles se les correrá de su trabajo.
De todo lo anterior, deben tomar conocimiento las autoridades electorales y hacer valer los principios constitucionales que mandatan la equidad e imparcialidad en la contienda electoral, y se deslinden a las responsabilidades a que haya lugar”.
