Usan al empleado de la diputada Úrsula Salazar, Adrián Zúñiga, sobrina del presidente López Obrador para descalificar a Ana Azpeitia como apoderada legal
Mediante escrituras dudosas y una campaña en medios, cercanos a Juan Dionisio Cruz, intentan encubrir el despojo que cometió en la cafetería del Instituto Tecnológico de Ciudad Madero y la persecución que ha emprendido contra Ana Belén Azpeitia, administradora y copropietaria del comedor.
ESPECIAL / LA RED DE ALTAMIRA
ZONA CONURBADA. – Mediante escrituras dudosas y una campaña en medios, cercanos a Juan Dionisio Cruz, intentan encubrir el despojo que cometió en la cafetería del Instituto Tecnológico de Ciudad Madero y la persecución que ha emprendido contra Ana Belén Azpeitia, administradora y copropietaria del comedor.
Ahora utilizaron a Adrián Zúñiga, empleado de la diputada Úrsula Salazar, para descalificar a Azpeitia como apoderada legal.
Esto ocurrió el viernes 20 de septiembre, en una conferencia con informadores electrónicos, en la que Zúñiga desconoció la demanda de Azpeitia, su condición de representante legal y su derecho a seguir aprovechando el servicio de la cafetería.
Ante esto, Ana Belén reiteró su denuncia por el desalojo ilegal del restaurante, y calificó de falsas las pruebas presentadas por Zúñiga.
“Subieron otras (publicaciones) con un montón de mentiras, documentos sin firmas, sin nombres y con verdaderas aberraciones. Aquí tengo mi acta constitutiva que me acredita como accionista y apoderada legal única, nadie me ha revocado de mi cargo”, dijo la empresaria, en un nuevo video.
“Solamente somos tres socios y esos documentos que ellos muestran son completamente falsos y podrían esconder la corrupción y el abuso de poder. Eso es un truco”.
Juan Dionisio Cruz asumió la dirección del Tecnológico el 16 de agosto. En vez que interesarse en los laboratorios de la escuela, lo primero que pidió fue que le entregaran la cafetería, aunque el contrato del concesionario estaba vigente.
“Todo cambió cuando llegó un dictador, Juan Dionisio Cruz Guerrero, un hombre que, a través del subdirector Juan Ramón Chuey, me hostigaba constantemente”, dijo la afectada.
“Me robaron mis cosas y me despojaron del inmueble que tanto esfuerzo me costó levantar.
Según Ana Belén, el plazo de la concesión es de tres años, de agosto de 2022 a agosto de 2025. En cambio, Zúñiga sostiene que inició en 2021 y que expiró en 2024, pero en 2021 no había clases presenciales debido a la pandemia.
El conflicto estalló el pasado 17 de septiembre cuando el Tecnológico, sin haber una orden judicial, permitió el desalojo de los equipos de Ana Belén Azpeitia.
“Creyeron que podían intimidarme, pero lo que no sabían es que el circuito cerrado grabó todo, cada detalle, y toda esa evidencia está guardada para ser presentada ante la Fiscalía”.
Ante las amenazas de Juan Dionisio y la cancelación de su negocio, Ana Belén Azpeitia explicó que ahora, cada vez que sale a la calle, envía su ubicación a diez personas y una fotografía con su atuendo para que la reconozcan.
“Tengo medidas de protección contra estos dos sujetos abusivos, tanto del director como del subdirector, que se aprovechan del poder que tienen en este momento contra una mujer”.
“Vivo con miedo todos los sagrados días, todos los días mi madre me da la bendición con lágrimas en los ojos”.
Azpeitia tachó de incongruente a Úrsula Salazar Mojica, diputada local de Morena y esposa de Juan Dionisio Cruz, por no reprobar la violencia de género de su pareja cuando se había comprometido a defender a las mujeres.
Dijo que la morenista, sobrina de López Obrador, jura luchar contra el machismo de los varones, pero se desentiende si el machista es su marido.
“Quiero hacer un llamado a la señora Úrsula Patricia: usted siempre ha luchado en contra de la violencia hacia las mujeres, pero no comprendo, no me cabe en la cabeza que permita que un agresor duerma a su lado”, aseguró la denunciante.
“Acá, afuera, había mucha gente que, incluyéndome, la admirábamos, y que veo completamente incongruente que usted sea omisa ante esa situación por el simple hecho de que es su esposo”.
LUCRANDO CON EL PARENTESCO
Úrsula Patricia Salazar Mojica, más que por méritos propios, ha escalado en la política gracias a su parentesco con Andrés Manuel López Obrador, de quien es sobrina.
Su esposo, Juan Dionisio Cruz Guerrero, también ha cosechado cargos como director del Tecnológico de Altamira y ahora como titular del Instituto Tecnológico de Ciudad Madero.
Pero Úrsula Salazar Mojica tiene antecedentes claros de corrupción, desvío de recursos y prevaricación, cuando salieron a la luz audios en los que solicita a un proveedor elevar los precios de las facturas para retener la diferencia.
“Quiero saber cuánto es la cantidad que tú me puedes dar en efectivo porque quiero sacar los 50 con todos mis proveedores… en lugar de la cotización que tú me diste, si fueron 98 a lo mejor yo te lo subiría a ciento y algo”, se oye decir a una mujer, que toda la prensa ha identificado como la diputada morenista.
Las grabaciones circularon en marzo de 2022, cuando Salazar Mojica tenía pocos meses como líder del Congreso de Tamaulipas.
Por estos hechos, se le abrió una carpeta de investigación ante la Contraloría y la Fiscalía del Estado.
Posteriormente, la responsabilizaron de violar leyes y ordenamientos superiores al destituir a Raúl Ramírez de la Fiscalía Anticorrupcíón, y por estos hechos se presentó otra denuncia penal en su contra.
