Especial / LA RED DE ALTAMIRA
Ciudad de México.- América Latina y el Caribe es la segunda región del mundo con mayores tasas de maternidad infantil, registrando 53.2 nacimientos por cada 1,000 niñas de entre 10 y 14 años, según datos citados por El País.
Esta cifra pone en evidencia una crisis que afecta principalmente a niñas víctimas de violencia sexual, muchas de las cuales son forzadas a ser madres, interrumpiendo su desarrollo y proyectos de vida.
El 20 de enero, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas dictaminó contra los estados de Ecuador y Nicaragua por negar a tres niñas, víctimas de violencia sexual, el acceso a la interrupción legal del embarazo.
Este fallo es resultado de un litigio internacional impulsado en 2019 por organizaciones como el Centro de Derechos Reproductivos, Planned Parenthood Global, Mujeres Transformando el Mundo y Surkuna.
Paula Barrios, coordinadora de Mujeres Transformando el Mundo en Guatemala, destacó que cada año más de 1,500 niñas en su país son obligadas a ser madres, una situación que atribuye a la normalización cultural de la maternidad infantil. Subrayó la urgencia de implementar educación sexual integral y mecanismos de protección inmediata para las niñas víctimas de violencia sexual.
En Ecuador, Ana Vera, de la Fundación Surkuna, advirtió sobre la vulnerabilidad económica y social de las niñas obligadas a la maternidad, quienes a menudo quedan desamparadas al alcanzar la mayoría de edad. Vera abogó por políticas públicas que ofrezcan respaldo económico y educativo.
Catalina Martínez Coral, vicepresidenta del Centro de Derechos Reproductivos para América Latina y el Caribe, explicó que el litigio colectivo busca evidenciar que la maternidad forzada no es un problema aislado, sino estructural. “Nuestro objetivo es crear precedentes legales que obliguen a los Estados a adoptar políticas más efectivas para erradicar la violencia sexual y garantizar el acceso al aborto legal”, afirmó.
Marianny Sánchez Núñez, directora de Planned Parenthood en América Latina, describió la maternidad forzada como una “epidemia silenciosa”. Sánchez instó a visibilizar el problema y a utilizar los casos documentados para impulsar reformas estructurales que protejan a las niñas y sus derechos.
El litigio colectivo no solo busca justicia para las niñas afectadas, sino también reformas legislativas que reconozcan la maternidad forzada como trato cruel, inhumano y degradante. Las defensoras de derechos humanos exhortan a los gobiernos a priorizar la protección de las niñas y a desmantelar las estructuras que perpetúan la violencia sexual y la impunidad.
