Por: Luis Enrique Arreola Vidal.
Cuando un escándalo como el Rancho Izaguirre en Jalisco llega a la Fiscalía General de la República (FGR), no es solo un fracaso de las autoridades locales: es una oportunidad histórica para demostrar que los tiempos de la omisión cómplice se han agotado.
Este caso no es solo la punta del iceberg, sino la grieta que expone toda la estructura podrida del pasado.
La negligencia de la Fiscalía de Jalisco —seis meses sin inspecciones, peritajes ni rastreo de evidencias— ya no será tolerada.
Hoy, bajo la política de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum, hay un mensaje claro: ni un paso atrás en la transparencia. La denuncia pública del fiscal Alejandro Gertz Manero no es casualidad; es una señal de que el sistema ya no permite que los intereses oscuros silencien la verdad.
¿Por qué Jalisco ignoró las huellas, los autos robados y las zanjas que podrían haber sido hornos crematorios?
Antes, porque no convenía. Pero hoy, con Sheinbaum, la ecuación cambia.
El crimen organizado ya no operará dentro de la ley, sino contra ella. Este rancho no es un “caso aislado”, sino el primer eslabón de una cadena que está a punto de romperse.
Lo vimos en Tamaulipas con las fosas de San Fernando, en Veracruz con Colinas de Santa Fe y en Coahuila con el penal de Piedras Negras. Pero ahora hay una diferencia: un gobierno que no negocia con la impunidad.
La FGR no solo investigará Teuchitlán; este es el inicio de una cacería institucional contra el pacto de silencio.
Sheinbaum ha dejado claro que su administración no repetirá los errores de fiscalías que protegían más a criminales que a víctimas.
La prioridad ya no es el discurso, sino los resultados: cada fosa descubierta, cada testimonio rescatado y cada cómplice identificado serán prueba de que México está harto de ser rehén de sus propias instituciones.
¿Qué sigue?
Más lugares como el Rancho Izaguirre saldrán a la luz, no porque la violencia haya aumentado, sino porque la nueva estrategia de seguridad prioriza lo que antes se escondía.
La presidenta no teme que estos hallazgos generen críticas; al contrario, los usa como arma para limpiar el país.
Cada excavación será un mensaje a los cárteles: el Estado ya no es su cómplice.
A los escépticos que preguntan “¿por qué ahora?”, la respuesta es contundente: porque ahora hay voluntad política.
Sheinbaum no solo hereda un país en crisis, sino una lucha contra la corrupción que debe librarse desde las fiscalías.
Y aunque el camino es largo, casos como este demuestran que, por primera vez, hay un plan: desmantelar no solo a los criminales, sino a sus aliados con corbata.
No nos equivoquemos: esto no es un ajuste de cuentas, es un renacimiento.
Las víctimas de Teuchitlán, San Fernando o Colinas de Santa Fe no serán cifras olvidadas.
Con la FGR liderando investigaciones rigurosas y sin ataduras políticas, México está escribiendo un nuevo manual de justicia.
Un manual donde “nunca más” no es un eslogan, sino una promesa.
El Rancho Izaguirre es el primer paso.
Y con cada fosa clandestina que se exhume, cada funcionario cómplice que caiga y cada arma decomisada, confirmaremos que el iceberg de la impunidad, por fin, comienza a derretirse.
