Pilar Dantés / LA RED DE ALTAMIRA
TAMPICO. – En la intersección de las avenidas Hidalgo y Ejército Mexicano, Gabriela, acompañada de amigos y familiares, se manifestó con un grito claro: justicia. Ella denuncia que la juez Roxana Ibarra Canul otorgó de manera ilegal la custodia de su hija de tres años al padre, Alejandro N., en un proceso lleno de irregularidades, en el que no fue notificada ni pudo defenderse adecuadamente.
Gabriela acusa que la entrega de la custodia fue resultado de un juicio apresurado y opaco, en el que se ignoraron sus derechos como madre y se violaron los derechos humanos de ambas.
Señalan que durante el operativo para retirar a la menor, tanto Gabriela como la pequeñita de 3 años de edad fueron violentadas, independientemente de que el procedimiento se llevó a cabo fuera de cualquier protocolo judicial.
Los manifestantes denunciaron públicamente la violencia institucional y exigieron una investigación profunda, ya que consideran injusto que la niña haya sido separada de un entorno familiar estable, donde ha vivido los tres años de su vida.
“No podemos permitir que esto quede impune”, corearon durante la protesta, demandando un alto a jueces que protegen a agresores y a la violencia contra mujeres e infancias.
Este caso ha generado indignación en la comunidad y llama a las autoridades a garantizar un proceso justo y transparente, así como a proteger los derechos de madres e hijos, frente a decisiones judiciales que podrían poner en riesgo su integridad y bienestar.
