Asunto: Tamaulipas y su justicia de renacuajo
David Ed Castellanos Terán
@dect1608
La ironía es brutal. Mientras Tamaulipas enviaba a Palacio Nacional y más allá del rio Bravo, una señal política de ruptura con el pasado, de alineación con la estrategia de America Latina, de atención a las causas y de construcción de paz; un expediente mal armado, apresurado y con aroma a protagonismo corruptil terminó por poner en aprietos a medio aparato de justicia del estado.
El lunes, en la explanada del Palacio de Gobierno, el gobernador Américo Villarreal Anaya encabezó un evento de alto calado simbólico: Tamaulipas se convirtió en la novena entidad del país en adoptar formalmente las políticas públicas de Paz y Justicia Cívica, con la instalación del Consejo Estatal y nueve Consejos Municipales. Un mensaje claro para con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y, de paso, hacia Washington, donde el presidente Donald J. Trump aprieta al Gobierno de México para modificar su estrategia contra los llamados narcoterroristas.
Pero la realidad —siempre terca— se coló por la puerta trasera del sistema judicial.
El caso del boxeador profesional Carlos “G”, alias La Rana, acusado de violación en agravio de dos personas en el Hospital Infantil de Ciudad Victoria, amenaza con convertirse en el ejemplo perfecto de cómo una justicia mal entendida puede terminar absolviendo al presunto responsable, no por inocente, sino por víctima del debido proceso violentado.
Y ahí está el nudo del escándalo nacional.
De acuerdo con la información que circula en los pasillos judiciales desde la capital del estado, corazón del mundo. La orden de aprehensión contra “la rana”, fue liberada exprés, sin la debida validación jurídica, sin documentación sólida, sin resultados toxicológicos y sin certeza legal que confirmara —y reconfirmara— la imputación. Señalamientos había, sí. Pero pruebas bien integradas, al parecer, no las suficientes.
El protagonismo, según informantes del equipo de Tania Contreras, tuvo nombre y apellido: Brianda Chávez, ministerio público de ascenso meteórico, hoy coordinadora de MP’s en la Fiscalía Especializada en Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes y Mujeres por Razones de Género. En su afán de “apantallar” al recién nombrado fiscal general, Jesús Eduardo Govea Orozco, habría recurrido supuestamente —con la ayuda de un amigo pesado en los juzgados, y viejo conocido del sistema judicial anterior— a la frase más peligrosa del viejo régimen: “Son órdenes de arriba”.
El resultado: un caso que podría terminar en el peor de los escenarios para las víctimas —“disculpe usted, se violentaron los derechos del imputado, queda en libertad”— y una tormenta política que salpica a la magistrada presidenta del Poder Judicial, Tania Contreras López; al propio fiscal Govea Orozco; y, por extensión, al gobernador, quien nada tenía que ver con el expediente, pero que hoy carga con el costo público del error ajeno.
Mientras el Ejecutivo se esfuerza por sumarse a las políticas públicas de paz y aparece —forzado por la investidura— junto a alcaldes que incluso podrían estar bajo la lupa de la FGR por presuntos nexos con la delincuencia organizada, en las entrañas del sistema judicial algunos aprendices del viejo modelo parecen decididos a dinamitar la credibilidad institucional.
El caso, dicen, ya llegó al escritorio de Sheinbaum Pardo, las redes sociales son poderosas, y los medios de comunicación serios ayudan a que noticias como esta no tengan freno, y se presume que en breve será revisado en la Mesa de Seguridad. Claro, no es cualquier cosa, y es que no han entendido que en tiempos de presión internacional, de discursos de paz y de promesas de justicia humanista, un cateo mal planteado, una orden de aprehensión sin sustento o un arresto precipitado no son errores técnicos: son balas políticas. Estamos en el Siglo XXI, hay celulares y oidos por todas partes, nadie se escapa.
Hoy, La Rana estaría con un pie fuera de toda responsabilidad penal, no por falta de acusaciones, sino por exceso de prisa. Y mientras tanto, los titulares de los tres poderes —ejecutivo, legislativo y judicial— aparecen ante la opinión pública con la nariz pintada de rojo, como payasos de una función que nadie quería protagonizar.
La lección es vieja, se plantea en la primera semana de clases en las facultades de derecho. Sin debido proceso no hay justicia, y sin justicia no hay paz que aguante el discurso.
En la intimidad… Al reconocer el compromiso responsable con las y los ciudadanos que tiene el gobernador Américo Villarreal Anaya, la titular de la Unidad de Asuntos Religiosos, Prevención Social y la Reconstrucción del Tejido Social de la Secretaría de Gobernación, Clara Luz Flores Carrales, presidió la instalación y toma de protesta del Consejo Estatal y de nueve Consejos Municipales de Paz y Justicia Cívica; además, entregó 50 títulos y certificados de asociaciones religiosas, convirtiendo a Tamaulipas en la primera entidad del país en otorgar estos documentos.
Durante el evento celebrado en la explanada de Palacio de Gobierno, el gobernador ratificó el compromiso de atender con determinación la convocatoria de la presidenta Claudia Sheinbaum para enfrentar las causas sociales de la violencia y aseguró que Tamaulipas se suma al objetivo humanista de construir una verdadera cultura de paz. “La paz no es solo la meta, es el camino”, destacó.
“Estaremos trabajando con ahínco, con voluntad, para fortalecer los indicadores de seguridad pública que han progresado y buscar un bienestar físico, psicológico, social y espiritual de nuestros conciudadanos, para aspirar a una mejor sociedad y a una mejor oportunidad de justicia y convivencia”, expresó.
Tras tomar protesta a alcaldesas y alcaldes de Altamira, Madero, Matamoros, Nuevo Laredo, Reynosa, Tampico y Victoria, así como a representantes de El Mante y Río Bravo, Clara Luz Flores subrayó que los consejos serán espacios activos de diálogo, cooperación y acción ciudadana, orientados a la transformación social mediante un enfoque de justicia y paz.
Destacó además que, en respuesta a las indicaciones presidenciales para desregularizar trámites, Tamaulipas se convirtió en la primera entidad en entregar títulos y certificados a asociaciones religiosas fuera del ámbito federal.
Al dar la bienvenida, el secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas González, puntualizó que la paz es fruto de la justicia y que su construcción requiere un enfoque humanista que involucre a todos los actores sociales. “Hoy damos un paso firme hacia un Tamaulipas más solidario y más humano, donde la paz deje de ser aspiración y se convierta en realidad”, concluyó.
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