Pilar Dantés / LA RED DE ALTAMIRA
TAMPICO. – Familiares y abogados de la mujer que perdió la vida tras ser atropellada el domingo en el bulevar Fidel Velázquez exigieron justicia y que el presunto responsable permanezca en prisión, al considerar que existen elementos suficientes para que el juez de Control dicte prisión preventiva justificada. La audiencia inicial está programada para las 16:00 horas de este martes en el Centro Integral de Justicia de La Pedrera, en Altamira.
El abogado Víctor Hugo Gómez señaló que, de acuerdo con los resultados que refiere de las pruebas practicadas al conductor, identificado como Leonardo “N”, habría dado positivo a alcohol y metabolitos relacionados con drogas, además de que presuntamente circulaba a exceso de velocidad y posteriormente huyó del lugar.
Afirmó que estos elementos, aunados a la falta de auxilio a la víctima, deben ser considerados por el juez al resolver su situación jurídica.
Los abogados también denunciaron que la hermana de la víctima, quien funge como querellante, ha recibido llamadas telefónicas en las que presuntamente la amenazan para que otorgue el perdón al detenido.
Indicaron que estos hechos serán puestos en conocimiento de la Fiscalía y solicitarán medidas de protección para la familia, al considerar que la eventual libertad del acusado representaría un riesgo.
Asimismo, pidieron la intervención de la Secretaría de Marina para que se deslinden responsabilidades y, en su caso, se apliquen las medidas disciplinarias correspondientes.
Nadia Morales, sobrina de la víctima, relató que su tía se dirigía, como cada mes, a una consulta y por medicamentos cuando ocurrió el atropellamiento.
“Lo único que exijo es justicia”, expresó, al señalar que la familia se encuentra devastada por la pérdida y lamentó que, hasta el momento, no hayan recibido el apoyo o las condolencias que esperaban.
Los abogados indicaron que, de acuerdo con el Código Penal, el homicidio culposo derivado de un hecho de tránsito bajo los efectos del alcohol puede alcanzar una pena de tres a ocho años de prisión, aunque corresponderá a la autoridad determinar la responsabilidad y las sanciones aplicables.
