Empresas internacionales entre ellas Airbnb, han recurrido a recursos legales que han detenido temporalmente algunas de las acciones emprendidas por el Estado
Tamaulipas mantiene acciones legales para lograr que las plataformas digitales de hospedaje cumplan con el pago de las contribuciones que corresponden por las operaciones que realizan en territorio estatal, informó el secretario de Finanzas, Carlos Irán Ramírez González.
Pilar Dantés / LA RED DE ATAMIRA
TAMAULIPAS. – Tamaulipas mantiene acciones legales para lograr que las plataformas digitales de hospedaje cumplan con el pago de las contribuciones que corresponden por las operaciones que realizan en territorio estatal, informó el secretario de Finanzas, Carlos Irán Ramírez González.
Explicó que empresas internacionales del sector, entre ellas Airbnb, han recurrido a recursos legales que han detenido temporalmente algunas de las acciones emprendidas por el Estado, por lo que las autoridades continuarán utilizando los instrumentos jurídicos disponibles para exigir el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
“Tenemos procedimientos instaurados, tenemos también unos amparos que han detenido estas acciones que lleva legalmente el Estado y nosotros vamos a seguir insistiendo a través de los instrumentos jurídicos”, señaló.
Ramírez González reconoció que uno de los principales retos es que algunas de estas compañías no cuentan con RFC o domicilio fiscal en territorio nacional, situación que, dijo, plantea nuevos desafíos para las autoridades ante el crecimiento de los negocios que operan mediante plataformas digitales.
Consideró necesario actualizar y homologar las disposiciones legales para que este tipo de actividades, independientemente de la plataforma mediante la cual se desarrollen, queden sujetas al cumplimiento de las contribuciones correspondientes a los estados, municipios o la Federación.
Respecto al monto que Tamaulipas podría estar dejando de recibir por este concepto, el funcionario señaló que no existe una cifra precisa, debido a que las propias plataformas no comparten la información necesaria para determinar con exactitud el volumen de operaciones y la recaudación que correspondería al Estado.
