Por: Arturo Rosas H.
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- A pesar del ‘pataleo’ del Diputado Alejandro Etienne Llano, la mayoría en el Congreso del Estado rechazó incrementar “paulatinamente”, el Presupuesto económico para el Poder Judicial de Tamaulipas.
La mayoría echa abajo las iniciativas del PRI; hay incertidumbre, atajan.
La fracción del PRI buscó que del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado se otorgará hasta un 2.5% al Poder Judicial a partir del próximo año y alcanzar este porcentaje hasta el 2022.
Las discusiones que se iniciaron desde las reuniones de Comisiones hasta el pleno, llegaron a un escenario nacional y se advirtió que, no podría autorizarse mayores recursos cuando hay un Gobierno Federal que está aplicando recortes a infraestructura y desalentando la inversión y crecimiento.
Aún así, uno de los argumentos que se aplicó en tribuna, es que el Poder Judicial recibe el 1.5% de presupuesto para mantenerse, cuando la Ley les exige dar el 1.3%, es decir, “ya está por encima de lo que se ordena”.
En una de las iniciativas presentadas, por el Diputado Alejandro Etienne Llano, consideraba que el incremento fuera paulatino ante la puesta en marcha de un nuevo Sistema de Justicia Penal, una exigencia de mayor infraestructura para atender asuntos familiares y reformas como la Laboral, que exigirá, atraer todo un sistema laboral de las Juntas de Conciliación hacia el Poder Judicial del Estado.
Sin pasar por alto los asuntos mercantiles y civiles, que se están encaminando a un proceso de oralidad como el Penal.
Dentro de las iniciativas se destacó que los estados como San Luis Potosí destina el el 2.4% de su presupuesto, la Ciudad de México el 2.6%; Nuevo León un 2.12% y Tamaulipas el 1.5%.
En contraparte, en el caso de Tamaulipas, el 1.5% representa un poco más de 842 millones de pesos en el 2019, lo que significó un incremento sustancial porque pasó del 1.3 al 1.5%.
Aún más, se expone que en el Gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca, en términos reales, el apoyo para el Poder Judicial en los últimos dos años, fue de 18.5% y solo entre 2018 y 2019 (con lo autorizado) alcanzó un 8.4% considerando inversiones del propio Estado en infraestructura judicial.
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