ESPECIAL / LA RED DE ALTAMIRA
Países de la Unión Europea y del Grupo de Lima, pidieron a la Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos, Michelle Bachelet, establecer una Comisión de Investigación Internacional para esclarecer graves violaciones que se llevan a cabo en Venezuela como tortura, ejecuciones extrajudicales, detenciones arbitrarias, uso del alimento como herramienta política, entre otros.
Bachelet presentó ante el Consejo su informe dado a conocer ayer en Ginebra en el que afirmó que se deja claro que “las instituciones esenciales y el estado de derecho en Venezuela han sido profundamente erosionadas”.
Además, el informe denuncia patrones de graves violaciones de derechos humanos como las ejecuciones extrajudiciales de más de seis mil 800 personas perpetradas por parte de las fuerzas de seguridad venezolanas entre enero de 2018 y mayo de 2019.
Estos delitos “deben ser investigados a fondo, estableciendo responsabilidades para sus autores y garantizando su no repetición”, afirmó Bachelet quien se refirió a un gran número de denuncias de tortura recibidas por su oficina y volvió a condenar la muerte bajo custodia del Capitán de Marina Rafael Acosta.
“Hay un patrón de reportes de tortura en Venezuela en el contexto de la detención arbitraria. Las autoridades deben garantizar una investigación completa de conformidad con las normas internacionales, así como la rendición de cuentas y, en su caso, el remedio para todos los casos de presunta tortura”, afirmó la expresidenta chilena.
Al tomar la palabra en el debate el Grupo de Lima, liderado por Perú, Bachelet apoyó la creación de una Comisión de Investigación Internacional sobre lo que sucede en el país para determinar las responsabilidades de la serie de violaciones que se documentan en el informe.
A ese llamado se sumó Feliciano Reyna, activista de derechos humanos y representante de Acción Solidaria quien urgió a los miembros del Consejo establecer sin dilación esta Comisión Internacional para que se identifique a los responsables y se les lleve ante la justicia.
“El desmantelamiento del Estado de Derecho y la descomposición general del Estado se manifiestan en un sufrimiento humano generalizado, violencia social y en políticas estatales de cierre a las libertades de expresión, asociación y reunión pacifica, represión y persecución, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura y ejecuciones extrajudiciales, para castigar a quienes ejercen sus derechos, incluyendo a la disidencia política y a diputados y diputadas de la Asamblea Nacional, muchos de ellos arbitrariamente detenidos, perseguidos o en el exilio.
“Estos abusos, reflejados por la Oficina de la Alta Comisionada, son parte de una práctica sistemática”, denunció Reyna.
“En Venezuela no existen instituciones independientes que puedan actuar como un freno a los abusos de poder, a excepción de la Asamblea Nacional, electa en diciembre de 2015, cuyos poderes constitucionales han sido anulados por el Tribunal Supremo de Justicia, controlado políticamente, y por una asamblea constituyente fraudulenta. Jueces y fiscales son en su mayoría funcionarios sin estabilidad, sujetos a libre nombramiento y remoción, sin causa ni apelación”, acusó el activista.
En el pasado, el Consejo de Derechos Humanos ha formado ya otras Comisiones Internacionales de Investigación como las de Siria, Burundi, Corea del Norte y sobre los hechos ocurridos en Palestina, entre otras.
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