Piden intervención de la ONU y a la SCJN verificar la inconstitucionalidad del decreto.
* El régimen morenista está siguiendo la línea política de su antecesor, el priísta Enrique Peña Nieto, quien buscaba militarizar al país, por lo que Andrés Manuel López Obrador ha impulsado un decreto emitido este lunes 11 de mayo, en el que se militariza al país desde hoy y por los próximos 5 años.
* Faculta a la Guardia Nacional el control total para regular, fiscalizar y subordinar al Ejército, Fuerza Aérea y Marina, dándoles atribuciones para vigilar y detener, personas, operativos a nivel municipal, además de detener a cualquier persona por el simple hecho de ser sospechoso para el Estado Mexicano o que no acredite su estadía legal en México.
ESPECIAL / LA RED
CD. DE MÉXICO.- EL ejército mexicano y la marina nacional volverán a patrullar las calles en territorio azteca, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha impulsado un decreto emitido este lunes 11 de mayo, en el que se militariza al país desde hoy y por los próximos 5 años.
El régimen morenista está siguiendo la línea política de su antecesor, el priísta Enrique Peña Nieto, quien buscaba militarizar al país y un 21 de diciembre del 2017, emitía el decreto de Ley de Seguridad Interior; daba a las Fuerzas Armadas facultades de policía; no genera controles para verificar el respeto a los derechos humanos; permite a las Fuerzas Federales (incluyendo militares) intervenir contra protestas sociales si consideran que no son pacíficas; ataca la transparencia al determinar que toda la información de seguridad interior será confidencial, entre otras acciones.
Las reacciones no se hicieron esperar, incluso el representante del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas en México, Jan Jarab, expresó su preocupación por la aprobación de la ley, organizaciones de la sociedad civil y pro derechos humanos nacionales e internacionales se pronunciaron en contra, por lo que finalmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, declaró su inconstitucionalidad el 15 de noviembre de 2018.
El documento firmado por el mandatario mexicano, faculta a la Guardia Nacional el control total para regular, fiscalizar y subordinar al Ejército, Fuerza Aérea y Marina, dándoles atribuciones para vigilar y detener, personas, operativos a nivel municipal, además de detener a cualquier persona por el simple hecho de ser sospechoso para el Estado Mexicano o que no acredite su estadía legal en México.
Añade que “se instruye al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (Alfonso Durazo) para coordinarse con los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina para definir la forma en que las actividades de la Fuerza Armada permanente complementarán la función de la Guardia Nacional”.
Organizaciones como el “Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez” han comenzado a lanzar una enérgica protesta en el plano internacional en busca de hacer eco ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), pues señala que con este acuerdo se autoriza a las fuerzas armadas para que sus elementos actúen como primeros respondientes ante delitos, lo que permitirá que continúe la militarización de la seguridad pública.
También piden a la Suprema Corte de Justicia de la Nación verificar la inconstitucionalidad del decreto: “Así, se confirma que la Guardia Nacional existirá cabalmente hasta 2024 y que entre tanto seguirá avanzando la militarización de la seguridad pública, urge que la SCJN analice la constitucionalidad de las leyes de la Guardia Nacional para fortalecer controles externos e internos”.
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