“Habremos de recurrir a todas las herramientas legales”, reiteró Rivas Cuellar
El Gobierno Municipal de Nuevo Laredo no sólo respalda la anunciada controversia constitucional del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, uno de los llamados gobernadores federalistas, sino que está dispuesto a participar en el Amparo Masivo de afectados por la eliminación de 109 fideicomisos.
Primitivo López / LA RED DE ALTAMIRA
NUEVO LAREDO.- El Gobierno Municipal de Nuevo Laredo no sólo respalda la anunciada controversia constitucional del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, uno de los llamados gobernadores federalistas, sino que está dispuesto a participar en el Amparo Masivo de afectados por la eliminación de 109 fideicomisos.
Esta es la postura del alcalde Enrique Rivas Cuellar durante la conferencia de prensa virtual de este lunes.
“Habremos de recurrir a todas las herramientas legales”, reiteró Rivas Cuellar.
Recordó que a Nuevo Laredo le afecta la cancelación del Fondo Migrante, Fortaseg, Fondo de infraestructura Aduanera y el Fondo para Desastres Naturales, entre otros.
“Lo peligroso de la decisión gubernamental estriba en la forma en que se manejarán dichos recursos y de qué manera se restituirán las partidas a los municipios”, insistió el munícipe.
Según el senador tamaulipeco Ismael García Cabeza de Vaca, la decisión presidencial en la extinción de esas instituciones que suman 109, 22 afectan directamente a Tamaulipas.
Una decena de gobernadores, entre ellos el de Tamaulipas, lucha por retener la vigencia de los fideicomisos con sus respectivos fondos, lo hacen porque la decisión es lesiva para los sectores más desprotegidos.
Es importante dejar claro que esos 68 mil millones de pesos no pasan por las manos de los gobernadores, ni antes, ni se pretende que sea ahora.
Los fideicomisos son recursos federales, manejados por elementos de confianza de ese nivel de gobierno.
El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca declaró que “se perjudican instituciones, los quieren usar (los 68 mil MDP) con fines político-electorales y no saben cómo ocultar esta situación.
BLOQUE DE CONTENCIÓN
Por otro lado, en un comunicado, los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional, del Partido Revolucionario Institucional, de Movimiento Ciudadano y del Partido de la Revolución Democrática integran el Bloque de Contención en el Senado de la República, exigen que la minuta en la cual se pretende desaparecer 109 fideicomisos sea valorada con responsabilidad y con base en evidencias, atendiendo las recomendaciones de expertos y escuchando a todos los sectores afectados.
Con esa convicción, legisladoras y legisladores del Bloque de Contención han sostenido diversas reuniones con familiares de víctimas, representantes de la comunidad científica, cineastas, expertos sobre gestión de riesgos y desastres, extrabajadores braceros, deportistas de alto rendimiento, entre otros grupos.
La posición de la ciudadanía es clara: los fideicomisos brindan certidumbre y garantizan los recursos frente a los vaivenes políticos y las presiones de la distribución presupuestal de cada año.
De aprobarse esta reforma, la asignación de recursos para tales fines quedaría a discreción del Ejecutivo Federal y la mayoría parlamentaria en la Cámara de Diputados.
El Bloque de Contención considera que no se debe legislar sin escuchar a la ciudadanía; por ello, solicitó a la Mesa Directiva del Senado de la República la celebración de un ejercicio de Parlamento Abierto para el análisis de la minuta. Sin embargo, el oficialismo desestimó la petición y decidió proceder con el proceso legislativo sin atender lo que la sociedad tiene que decir.
Desde el gobierno se ha argumentado que la decisión de extinguir los fideicomisos responde a la detección de presuntos actos de corrupción en la gestión de los recursos de estos fondos, sin que hasta el momento se haya presentado evidencia de ello. Por tal motivo, el Bloque de Contención solicitó a la Fiscalía General de la República que informe al Senado sobre las denuncias presentadas, carpetas de investigación abiertas y, en su caso, las acciones penales contra servidores públicos por presuntas acciones delictivas en la gestión de alguno de los fideicomisos que se pretende desaparecer.
Asimismo, se solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Auditoría Superior de la Federación que informen sobre el estatus financiero y la auditoría de los fideicomisos, respectivamente.
