Por: Luis Enrique Arreola Vidal
En política hay crisis… y hay momentos en los que el reloj deja de marcar horas para empezar a marcar destinos.
Ciudad Madero vive uno de esos momentos.
No es rumor.
No es filtración.
No es especulación.
Es un procedimiento judicial en curso.
Con expediente.
Con plazos.
Con advertencias formales.
Y con consecuencias personales.
El presidente municipal Erasmo González Robledo está a horas de enfrentar el escenario más grave de su carrera política: la posible separación del cargo por incumplir un laudo laboral firme por 51 millones 142 mil 776 pesos con 36 centavos.
No por huachicol.
No por política partidista.
No por grilla interna.
Por desacato judicial.
Y eso, en el Estado constitucional mexicano, es una línea roja.
LA CUENTA REGRESIVA EN CIUDAD MADERO.
Horas. Solo horas.
El laudo laboral —expediente 123/M/2012— ordena pagar al Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Ciudad Madero (SUTSHA) un adeudo que arrastra más de una década.
El Juzgado Décimo Tercero de Distrito en Tamaulipas, dentro del Juicio de Amparo 748/2025, emitió el 9 de febrero de 2026 una resolución clara, directa y jurídicamente demoledora.
El Cabildo —Presidente Municipal, Síndicos y Regidores— fue vinculado formalmente al cumplimiento.
Pero con precisión quirúrgica:
La responsabilidad personal recae en quienes autorizan el uso de recursos públicos.
Es decir:
• El presidente municipal.
• El síndico primero.
• El síndico segundo.
Los regidores no serían removidos.
Ellos sí. Si no cumplen.
El juez no sugiere.
No recomienda.
No exhorta.
Ordena.
EL DOCUMENTO QUE CAMBIA TODO.
La instrucción judicial es inequívoca:
Deben tomar medidas financieras inmediatas.
No pueden retrasar la ejecución.
El cumplimiento es obligatorio.
Se otorgó un plazo de tres días.
No más.
Si no cumplen:
• Multas personales (más de 230 UMAS; incluso superiores).
• Escalamiento al Tribunal Colegiado.
• Intervención de la Suprema Corte.
• Procedimiento de inejecución de sentencia.
Y en el escenario extremo:
• Separación del cargo.
• Consignación penal.
No del Ayuntamiento.
No de la institución.
De las personas responsables.
EL DINERO EXISTE… LO QUE FALTA ES DECISIÓN.
El Ayuntamiento tiene liquidez.
Presupuesto superior a 900 millones de pesos.
Recaudación de 24 millones en predial.
El laudo representa apenas 5.6% del gasto anual.
Pero mientras el adeudo seguía sin pagarse, el gobierno municipal autorizó:
• Eventos masivos como el “Marciano Fest”.
• Programas de pintura de viviendas por millones de pesos.
• Contrataciones artísticas para el Carnaval Conurbado.
• Viajes de promoción internacional, incluyendo España.
El mensaje político es devastador:
Dinero hay.
Cumplimiento judicial no.
Mientras tanto, cerca de 500 trabajadores municipales —base operativa del sistema público— siguen esperando desde 2012 un derecho reconocido por la ley.
EL ERROR ESTRATÉGICO.
Durante meses se habló de embargo de cuentas públicas.
Jurídicamente inviable.
Los servicios públicos no pueden paralizarse por interés colectivo.
Por eso la vía de ejecución cambió de dirección.
No contra el municipio.
Contra quienes firman.
Contra quienes autorizan.
Contra quienes deciden.
Contra Erasmo González Robledo y sus síndicos.
LA FRACTURA POLÍTICA INTERNA.
El Cabildo ya no es un bloque compacto.
La propuesta del alcalde —anticipo mínimo y pagos a casi ocho años— fue rechazada.
Al menos diez regidores han marcado distancia.
Otros podrían sumarse.
La confianza política se erosiona.
La presión social aumenta.
El expediente judicial avanza.
Y el plazo vence este fin de semana.
EL CONTEXTO QUE AGRAVA TODO.
Este episodio no ocurre en el vacío.
El alcalde llega a esta crisis bajo un entorno político ya tensionado por señalamientos públicos, investigaciones periodísticas y versiones de indagatorias vinculadas a:
• El llamado caso Carmona.
• Redes financieras ligadas al huachicol fiscal.
• Presuntas operaciones bajo análisis de autoridades mexicanas y estadounidenses.
Nada de ello está resuelto judicialmente.
Pero el entorno político está marcado.
Y cuando un funcionario bajo escrutinio enfrenta además un desacato judicial firme, el riesgo político se multiplica exponencialmente.
EL MENSAJE DEL PODER JUDICIAL.
El juez ha sido inequívoco:
El Cabildo no puede frenar el cumplimiento del laudo.
La responsabilidad es directa.
El incumplimiento tiene consecuencias personales.
No es una recomendación.
Es una orden constitucional.
LO QUE VIENE.
Si no hay convenio de pago inmediato:
• Se activa el incidente de inejecución.
• El expediente escala.
• La crisis se institucionaliza.
Y entonces la pregunta deja de ser política y se vuelve jurídica:
¿Puede un alcalde mantenerse en funciones después de desacatar una orden judicial firme?
LA FRASE QUE DEFINE TODO.
El mensaje es brutal:
Erasmo González Robledo podría no terminar su mandato.
No por elección.
No por escándalo mediático.
No por presión partidista.
Por incumplir una sentencia.
EL VERDADERO PUNTO DE QUIEBRE.
Ciudad Madero no enfrenta solo un adeudo laboral.
Enfrenta una prueba de Estado de derecho.
Porque cuando una autoridad electa decide que puede posponer la justicia laboral mientras financia espectáculos, el problema deja de ser financiero.
Se vuelve institucional.
Y cuando la ley empieza a ejecutarse contra personas concretas, el poder deja de ser protección.
Se convierte en responsabilidad.
LA CUENTA REGRESIVA ESTÁ EN MARCHA.
El plazo vence.
El expediente avanza.
El Cabildo se fractura.
La presión crece.
Y la justicia —lenta, pero inevitable— ya está en movimiento.
La pregunta no es si habrá consecuencias.
La pregunta es si el alcalde alcanzará a evitarlas… antes de que el sistema constitucional mexicano decida que su tiempo en el cargo terminó.
Porque esta vez no se trata de política.
Se trata de obedecer la ley…
o enfrentarla.
