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PARA QUE LOS ÓRGANOS DEL ESTADO REALICEN TODA AQUELLA ACTIVIDAD QUE LES PERMITA INTERACTUAR CON LOS PARTICULARES HACIENDO USO DE LAS TIC
Expuso el legislador priísta que todo el andamiaje jurídico en materia de Gobierno Digital tiene una vertiente que no se debe dejar de considerar, y es el reconocimiento de los derechos de los particulares, respecto del uso de las TIC, para permitir una interacción con los Órganos del Estado utilizando dichos medios.
JOSÉ MEDINA / LA RED DE ALTAMIRA
VICTORIA.- Para que los Órganos del Estado realicen toda aquella actividad que les permita interactuar con los particulares, haciendo uso de las TIC, revolucionando la forma en la que se conciben los derechos emanados de esta nueva rama de la gestión pública, Ángel Covarrubias Villaverde propuso la nueva Ley de Gobierno Digital en Tamaulipas.
Expuso el legislador priísta que todo el andamiaje jurídico en materia de Gobierno Digital tiene una vertiente que no se debe dejar de considerar, y es el reconocimiento de los derechos de los particulares, respecto del uso de las TIC, para permitir una interacción con los Órganos del Estado utilizando dichos medios.
Y conforme al nuevo paradigma Constitucional y de protección de derechos que se están viviendo actualmente, el Estado de Tamaulipas se convierte en la primera entidad federativa del país que no otorga derechos a la ciudadanía, respecto a la materia de Gobierno Digital, sino que reconoce que estos le pertenecen, y por esta razón, le otorga las garantías suficientes.
Cabe destacar que la creación de las TIC también ha permitido que la comunicación interpersonal haya sufrido una revolución al conectar de una manera más ágil y económica a personas que se encuentran en diferentes partes del mundo, y por ello, resulta indispensable que junto al reconocimiento de los derechos que tienen los particulares, se establezcan canales de comunicación para con los Órganos del Estado, en el entendido de que se puedan realizar quejas y estas puedan atenderse en el menor tiempo posible, a través de mecanismos efectivos en los que sea primordial la cercanía con todas y todos.
Por las razones expuestas, se presenta la Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante el cual se expide la Ley de Gobierno Digital para el Estado de Tamaulipas.
El nuevo ordenamiento legal, en el que se enmarcan los principios, bases, lineamientos y disposiciones a seguir por parte de los Órganos del Estado y en el que se fundamenta la política pública en materia de Gobierno Digital, misma que permitirá consolidar el uso de las TIC en la gestión pública.
Informó que sólo los estados de Coahuila, Durango, Nuevo León, Puebla, Sinaloa, Tabasco y la Ciudad de México han aprobado leyes en materia de Gobierno Digital en las que se enmarcan una serie de lineamientos y preceptos sobre los que gira la actividad gubernamental posibilitando el uso de herramientas tecnológicas, como los medios que auxilian no solo a servidoras y servidores públicos, sino a los particulares, para promover alguna gestión de manera transparente, al evitarse la interacción física, previendo posibles actos de corrupción.
Indica que el Estado de Tamaulipas ha tenido un avance sustancial en esta materia, al aprobarse la reforma al artículo 40 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas; así como la adición de la fracción LXIV, al artículo 58 de la normal máxima estatal, ambas modificaciones publicadas en el Periódico Oficial del Estado el día 16 de octubre de 2019.
Dichas reformas han traído consigo, el reconocimiento del Gobierno Digital como una política pública fundamental para el impulso del crecimiento y desarrollo de la entidad, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los habitantes del estado de Tamaulipas.
Sin embargo, los esfuerzos encaminados a la implementación del Gobierno Digital deben abarcar un mayor espectro de aplicación, por ello, el estado de Tamaulipas se encuentra en la necesidad de crear un marco jurídico integral e institucional, en el que se establezca la planificación, implementación, ejecución y consolidación del uso estratégico de las TIC como una política de estado.
Añadió que lo anterior, tiene como finalidad que todos los Órganos del Estado puedan ser partícipes de la política de Gobierno Digital, siendo esta, uno de los motores que ayudarán a la promoción del estado, al tener como finalidad la atracción de inversiones, capitales, turismo y, por supuesto, el desarrollo y crecimiento económico de la entidad, al acercar el gobierno a toda persona.
Covarrubias Villaverde expuso que a partir del uso intensivo de las TIC para facilitar, no solamente el acceso a la información, sino la interacción entre personas que se encuentran en diferentes lugares, ha sido necesaria la introducción de herramientas tecnológicas en los procesos internos de las instituciones públicas, así como en la solicitud, gestión y sustanciación de los diferentes trámites, servicios, procesos y procedimientos administrativos y jurisdiccionales, comunicaciones y demás actos administrativos o de otra índole, que son competencia de las autoridades.
Lo anterior, ha traído consigo la creación de una nueva rama de la gestión pública, en la que tanto el uso de las TIC por parte de los particulares como de las instituciones públicas son vitales en la apertura y en la consolidación de la transparencia, mejorando la calidad de los servicios públicos y de la gestión interna de cada una de las instituciones que componen el Estado, surgiendo así, el Gobierno Digital.
Manifestó que esta nueva forma de hacer la gestión pública ha sido acotada en gran medida al ámbito de aplicación del Poder Ejecutivo, al ser este uno de los órganos que tiene una mayor interacción con los particulares.
Sin embargo, cabe destacar que todas las instituciones públicas deben ser partícipes de la consolidación del Gobierno Digital y de las estrategias que lleven a su implementación y operación. Es decir, tanto los Poderes Legislativo y Judicial, las instituciones municipales y, por supuesto, las Administraciones Públicas -en su sentido más amplio- deben trabajar de manera coordinada para lograr los objetivos que plantean que la función pública debe servir a la ciudadanía, mejorando su calidad de vida y las condiciones necesarias para satisfacer sus necesidades desde el punto de vista económico y de protección de derechos.
Asimismo, resulta fundamental consolidar el principio de seguridad jurídica, en el que se establece que los Órganos del Estado no pueden realizar más funciones que las que tienen encomendadas por ley.
Ante esta situación, resulta fundamental establecer un marco jurídico que no solo le dote de atribuciones a las instituciones públicas para que realicen programas, acciones y estrategias para implementar el uso de la TIC en la función pública, sino que es importante establecer los lineamientos que permitirán que toda actuación realizada a través de la utilización de herramientas tecnológicas sea plenamente válida y se considere como existente, para que surtan los efectos legales esperados.
Ante esta situación y al atender las demandas y exigencias de la sociedad, que espera un papel activo de los entes públicos, respecto a la implementación del Gobierno Digital, tanto los legisladores como las administraciones públicas federales.