Raúl Hernández Moreno
El Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal revocó el acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral mediante el cual se pretendía imponer una veda publicitaria a funcionarios y dirigentes nacionales de partidos políticos, a partir del 8 de septiembre en que formalmente inicia el proceso electoral 2017-2018.
El acuerdo había sido impugnado por 340 actores, desde partidos políticos, ciudadanos, funcionarios de los tres niveles de gobierno y concesionarios de radio y televisión. El citado acuerdo había sido bautizado como “cancha pareja” y afectaba particularmente a Andrés Manuel López Obrador y a Ricardo Anaya, quienes desde el 2015 han aparecido en millones de spots de radio y televisión, lo que ha sido cuestionado por directivos de los otros partidos, además del PAN.
El acuerdo del INE prohibía la contratación de espacios publicitarios tanto con recursos públicos como privados y en el caso de los funcionarios de los tres niveles que aspiran a un cargo de elección popular les prohibía promover actos públicos, bajo pena de considerarse actos anticipados de campaña.
El TRIFE determinó que el INE se excedía en sus atribuciones, invadiendo la esfera del poder legislativo.
Ni modo, vamos a tener que seguir viendo a AMLO y Anaya en millones de spots. Los que los pueden parar son sus propios correligionarios. En el caso de Anaya, connotados panistas han intentado frenarlo, sin éxito y por lo que respecta a AMLO, los morenistas le tienen pavor. Nadie se va a atrever a cuestionarlo.
Los funcionarios públicos, de los tres niveles, ya no están obligados a frenar su proselitismo, podrán seguir haciéndolo en los siguientes meses, sin perjuicio de ser afectados.
La decisión del TRIFE viene a lesionar la ya de por sí deteriorada imagen del INE. Su credibilidad cada vez es menor. No solo es el organismo electoral más caro del mundo, sino que encima cada vez son menos los que creen en su imparcialidad. Y es lamentable, porque salvo la cúpula, el proceso electoral está ciudadanizado. Los ciudadanos que se limitan a votar y los que no lo hacen, no creen en la imparcialidad del INE. Es posible que confíen en su familiar, amigo o vecino que participa en la directiva de una casilla, pero no confían en que las autoridades del INE sean imparciales a la hora de sumar los resultados contenidos en las actas de escrutinio.
Si a eso se le agrega que los perdedores se aferran a asegurar que hubo fraude, sin presentar pruebas, se complica más el asunto. ¿Cuándo veremos a perdedores dándole la mano a su adversario y reconociendo que perdió de manera limpia?
En el futuro debería castigarse penalmente a los candidatos y partidos que denuncien un fraude y no lo demuestren. Hay que quitarles el derecho a ofender, o de pataleo, como eufemísticamente lo llaman. Mientras no se les exija cuentas, seguirán insistiendo en que hubo fraude, para justificar su derrota.