Por Salvador Camarena
Reunidos en la capital durante jueves y viernes pasados, los secretarios de Educación de los estados escucharon a las autoridades federales cantinflear sobre una cuestión muy específica: bajo qué consideraciones legales podemos regresar a clases. Ni la secretaria Delfina Gómez, ni Hugo López-Gatell les respondieron esa pregunta.
No hay quién en su sano juicio esté a favor de seguir con las escuelas cerradas. Desde la primavera del año pasado las madres han padecido infiernos, los niños y adolescentes no se diga. Es urgente discutir el retorno a una normalidad educativa. El problema es cómo hacerlo con el menor riesgo de contagios para estudiantes, sus familias y otras personas.
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Los titulares de la Educación que vinieron la semana pasada se regresaron a sus entidades con algunos mensajes claros, claros pero no necesariamente tranquilizadores.
El primero de ellos es que no habrá nuevas rondas de inmunización: Luciano Concheiro, subsecretario de Educación Superior, el jueves, y López-Gatell el viernes descartaron cualquier discusión que lleve a más vacunación –ya sea para estudiantes de 12 a 18 años o sobre una segunda dosis para el personal educativo–. ¿La razón? Porque las vacunas son un negocio de los laboratorios, dijeron ambos funcionarios. Así los ‘argumentos’.
Los titulares de la educación de los estados expusieron a la secretaria Gómez y el viernes al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud sus dudas sobre el marco legal que permitirá abrir las escuelas.
“El primer gran tema es que te puedes encontrar documentos de cómo nos fuimos, pero no hay un documento legal de cómo regresar”, me comentó una fuente al tanto de lo que ocurrió en la reunión. “Salud cerró las escuelas, tiene la atribución para ello. ¿Dónde está Salud diciendo mediante decretos u oficios ‘abran’?”.
Le pregunto a la fuente sobre las declaraciones de López-Gatell del 5 de agosto, cuando asentó que la educación es actividad esencial, de forma que puede abrir incluso en entidades en semáforo rojo. “No hay concordancia entre lo que hablan y lo que se establece legalmente”, repuso.
El gobierno federal decretó el cierre de actividades en varios acuerdos del Diario Oficial de la Federación. El más citado de ellos es el del 14 de mayo: sobre la “reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, así como un sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad federativa, así como se establecen acciones extraordinarias”.
En esa publicación, sólo cuando el semáforo sanitario aparece en verde pueden abrir las escuelas. Ahora, el 27 de julio pasado, se expidió un nuevo acuerdo, sobre “el medio de difusión de la nueva metodología del semáforo por regiones para evaluar el riesgo epidemiológico”. En este documento se abroga el anexo Semáforo por regiones del acuerdo del 14 de mayo de 2020 y se establece que las personas vacunadas “no serán consideradas dentro de la población en situación de vulnerabilidad”.
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En otras palabras, mientras que en el acuerdo del 14 de mayo de 2020 las escuelas permanecen cerradas en rojo, naranja y amarillo, en el del 27 de julio las actividades esenciales siempre están abiertas, así sea a 50% en caso de semáforo rojo.
Pero el DOF de julio nunca habla de la autoridad escolar o escuelas, sino de quiénes serán considerados como vulnerables, y dado que los profesores ya están vacunados los sacaría de esa categoría.
La exposición del viernes de López-Gatell era esperada como el momento en que las dudas se aclararían a los estados. No fue así porque el secretario no se apersonó en la reunión (a diferencia de los otros funcionarios federales, él se conectó vía electrónica), lo hizo más tarde de la hora programada y, por supuesto, mediante una larguísima exposición de la forma en que se comporta el SARS-CoV-2 trató de agotar el tiempo. Cuando fue cuestionado dio más vueltas que un ruletero.
“Al final dijo que sacarían el acuerdo la semana entrante, pero tienen semanas diciendo eso. Se está perdiendo tiempo y entrando en un desgaste innecesario. Vamos atrás porque Salud no define”.
Encima, el gobierno federal parece olvidar un pequeño detalle operativo: la mitad de los presentes en la reunión del jueves y viernes no estaría en funciones en las próximas semanas, pues sus estados cambiarán de gobernador.
Los secretarios estatales tienen consenso sobre la gradualidad del retorno, y dejaron constancia de ello en 14 puntos que le proponen a la autoridad federal. Sí quieren volver a clases, pero requieren certeza jurídica y pasos lógicos.
El problema es que, como siempre en la pandemia, la Federación no pone en la mesa información confiable, apertura para explorar opciones (apertura que implica la posibilidad de que las máximas autoridades acepten cambios), y apoyos específicos. Sólo discursos.
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