Armando Castillo / LA RED DE ALTAMIRA
Al no tener la capacidad presupuestal para una compra de contado, a través de una licitación pública, ponderando que sean proveedores locales, el Gobierno del Estado arrendará la adquisición de unas 19 camionetas tipo Suburban.
El titular de la Secretaría de Administración Jesús Lavín Verástegui, dijo que será responsabilidad del Estado cuidar que al final del contrato de arrendamiento no suceda lo mismo que con el gobierno anterior que remató vehículos arrendados a través de maniobras ilícitas, donde el valor promedio de la unidad era de unos 200 mil pesos y las vendieron en 40 mil.
Por tratarse de vehículos oficiales para los titulares de las principales dependencias del Gobierno del Estado y los que forman parte del gabinete ampliado, adelantó que habrá un techo presupuestario al que se tendrán que sujetar para el arrendamiento de las unidades.
“No tenemos la capacidad presupuestal para adquirir nuevas unidades por eso lo estamos haciendo con arrendamiento y cuidando que al final del contrato no pase que se tengan que rematar y vender un vehículo de 200 mil pesos en el mercado a 50 mil pesos”, concluyó.
De un promedio de 19 unidades, tres serán blindadas para los Secretarios de Seguridad Pública; Sergio Hernando Chávez, el Secretario General de gobierno Héctor Joel González Villegas, y para titular de Finanzas, Adriana Lozano Rodríguez.
“Estamos dando prioridad que sean empresas estatales las que participen en el proceso de licitación pública, traemos un techo financiero que no se debe rebasar por eso en esta primera instancia se asignó solo a secretarios, y que todas las compras sean locales”, indicó.
Lavín Verástegui aseguró que hasta en un 80 por ciento de las compras que ha realizado la administración estatal, se han beneficiado a productores locales de Tamaulipas.
De hecho, el titular de la Secretaría de Administración supo reconocer que de ese porcentaje, disminuyó un diez por ciento, es decir de un 80 a un 70 por ciento, como resultado de que en algunos productos o servicios no se consiguen en el Estado y por tanto, se tienen que adquirir en otras entidades del país.
