Por Clemente Castro González
El caso Emilio Lozoya Austin, operador político y financiero durante la anterior campaña presidencial priista, es por demás ilustrativo de lo que sucede en nuestro país en cuanto a impunidad.
Y es que en teoría, dado que hay ordenamientos legales e instituciones encargadas de hacerlos cumplir tendría que hacerse efectivo el Estado de Derecho pero propios y extraños saben que no es así.
Porque si no existe la línea desde arriba para castigar actos ilegales, éstos prevalecen pese a las evidencias.
Y ante eso no valen contraloría, función pública, sistema anticorrupción y tampoco fiscalización efectiva y sin distinción de los recursos-origen y gasto-, de procesos electorales.
Ahí tenemos al personaje señalado y su relación con la empresa brasileña, Odebrecht, la cual incurrió en soborno para recibir jugosos contratos de Petróleos Mexicanos (PEMEX) a cambio de invertir millones de dólares a favor de la causa de PEÑA NIETO, en el 2012.
Ex jerarcas de la empresa carioca, aseguran que el enlace para acordar la entrega del recurso fue LOZOYA AUSTIN, alguien que, a la postre, se convertiría en el director de la petrolera mexicana y, facilitaría la firma de contratos con Odebrecht.
Pero cuando casi se abría la cloaca, dadas las indagaciones llevadas a cabo desde la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, se hizo presión desde las extrañas del poder para frenar lo que se llevaba a cabo y eso derivó en el despido de AGUSTÍN NIETO CASTILLO ex titular de la Fiscalía en mención.
En ese punto estamos ya que el senado de la República, al menos los opositores, se atrincheraron para presionar a fin de que se reinstale al funcionario y continúen las investigaciones.
Los que están por que no tenga vuelta atrás el despido de NIETO son el PRI y su aliado, el PVEM mientras que la contraparte son PAN, MORENA, PRD.
De lo que se resuelva (ayer estaban emplazados los senadores), por supuesto que tendrá implicaciones para que se recupere el país en materia de combate a la corrupción e impunidad o de lo contrario, se hunda aún más en ese pantano.
Queda claro que la cúpula gobernante no esta de acuerdo en que se den cambios profundos y se aplique la ley.
Verbigracia la Casa Blanca, construcción millonaria de la pareja presidencial, que se adquirió mediante procedimientos extraños y que para aclarar que no huno conflicto de intereses en su adquisición, el propio presidente nombró al encargado de hacerlo (relación patrón subordinado).
Otro asunto en el que se demuestra que vamos de mal en peor son las transas cometidas en elecciones pasadas, principalmente en la del Estado de México y Coahuila.
Lo que se observa es inconsistencia entre el discurso y el andamiaje legal creado con respecto a la realidad.
No es exagerado asegurar que, en lo sustantivo, los defensores del sistema tradicional, sólo le hacen al “Tío Lolo”.
AL CIERRE
Duró se volvió a lanzar el jefe del ejecutivo, FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, en contra de las administraciones anteriores que dejaron hacer y pasar a los grupos del crimen organizado.
A su juicio, las expresiones de inseguridad son acciones desesperadas de los delincuentes.
En su mensaje, en gira por Reynosa, estableció que no hará acuerdos ni tregua con los violentos y que su administración esta empeñada en poner orden.
La referencia es que, al menos en Reynosa, luego del abatimiento de un mando de una agrupación del crimen organizado, en abril del presente año, los tiroteos, ejecuciones y bloqueos son parte de la vida cotidiana de los habitantes de dicha localidad fronteriza.
Cabe señalar que la violencia igual se presentan en Río Bravo y Matamoros y localidades aledañas.
En cuanto a Victoria, las muertes, secuestros y extorsiones, también forma parte de la dinámica cotidiana de los capitalinos.
Por ello la importancia de la postura del mandatario en torno a recuperar la paz y tranquilidad, algo en lo que todavía se cree que es posible.
Desde luego que empieza a generarse la duda y a eso se refiere el gobernador cuando alude a las intenciones de los grupos de proscritos.
“Ustedes han visto las operaciones que han hecho las fuerzas armadas y les estamos cerrando el paso; están desesperados. Lo que quieren es generar descontento en la población para que, el día de mañana, digan: estaba mejor como estaba antes”, sostuvo GARCÍA CABEZA DE VACA.
+.-En el Congreso tamaulipeco hubo variedad de temas. Dese la aclaración que hizo el presidente de la Junta de Coordinación Política, CARLOS GARCÍA GONZÁLEZ, de que el ex gobernador, EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES, no saldrá de la cárcel, ya que el amparo recién concedido por un juez federal para evitar su extradición, no lo exime de la prisión preventiva mientras tiene lugar el proceso que promueve la justicia de Estados Unidos.
El matamorense igual traía urgencia para precisar que, los responsables de las cuentas públicas, a las que se presentaron observaciones de ejercicios anteriores, todavía pueden aclarar la situación teniendo por límite la primera quincena de noviembre.
Cabe señalar que en el paquete que presentó inconsistencias van los ex ediles LETICIA SALAZAR VÁZQUEZ y CARLOS ENRIQUE CANTÚROSAS VILLARREL de Matamoros y Nuevo Laredo, en forma respectiva.
Otro punto que soltó GARCÍA GONZÁLEZ es el exhortó a la titular del Instituto de la Mujer Tamaulipeca, ELENA FIGUEROA SMITH, para que atienda a las féminas víctimas de la violencia.
En pocas palabras, que se ponga a trabajar.
La que ya regresó a su labor en el Congreso es SUSANA HERNÁNDEZ FLORES, luego de dos sesiones de ausencia.
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