Arturo Rosas H / LA RED DE ALTAMIRA
VICTORIA.- El caso para resolver el homicidio de la española María del Pilar Garrido Santamans, se extenderá por tres meses más.
Patricio Lugo Jaramillo, Juez de Control, autorizó hoy una prórroga de tres meses para que la fiscal de la Procuraduría General de Justicia, reúna las pruebas suficientes del caso y esclarezca los hechos.
La determinación obliga a Jorge “N” esposo de Pilar, a permanecer en el Centro de Ejecución de Sanciones de esta ciudad por 90 días. Jorge fue detenido el 29 de agosto de este año y se le dictó prisión preventiva.
Esta nueva decisión, ‘demolió’ a Jorge Fernández y Adriana González padres del acusado quienes lamentaron la decisión.
Martín Lozano, abogado de la familia, adelantó que buscará combatir la decisión del Juez de Control por medio de un amparo.
En cambio la fiscal responsable del caso, Mireya Maldonado Villegas, tendría un tiempo adicional presentar pruebas científicas que demuestren que Jorge “N” es el asesino de su esposa María del Pilar González Garrido.
La solicitud de ampliación se basó en el precepto de ley en que permite a la Fiscalía un plazo de investigación de hasta máximo 6 meses, a partir de la vinculación a proceso, de acuerdo al Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio.
La audiencia de este miércoles se realizó porque mañana vencería el plazo que obtuvo la Procuraduría General de Justicia para aportar los elementos de prueba.
Sin embargo, argumentaron que dada la cantidad de actos de investigación y requerimientos de información en el que participan autoridades nacionales y extranjeras, así como expertos, era necesario solicitar tres meses más.
El pasado 24 de noviembre, a través de un comunicado, la Procuraduría de Justicia aseguró que “actualmente se está en espera de recibir respuesta a una solicitud de asistencia jurídica internacional a España, así como los informes de expertos en diversas materias como flora, fauna, veterinaria y química forense”.
De igual manera, señalaron que están en curso de ser recibidos informes de expertos en criminología, victimología y de diversas instituciones públicas y privadas, entre otras.
