Por Javier Claudio
Claridades. – Está visto que los tajos a la corrupción del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sesgan hacia lo indescifrable en acciones de último esfuerzo y tal vez hasta desesperantes para sofocar totalmente este arraigado delito sexenal, pero a su vez despierta incertidumbre por lo que para algunos pecadores será un costo y para los justos serán medidas lesivas. Así aparece la nueva Ley de Vivienda sin Plusvalía, ya aplicada en la Ciudad de México, la que mata toda inversión en una propiedad.
Clarín. – Versa dicha ley que todo propietario de algún inmueble quedará exento de los beneficios que le otorgue la plusvalía por el mejoramiento del entorno, pues según el Gobierno Federal habrían sido creadas por la autoridad. Esto es que si la propiedad se adquirió en un millón de pesos, el dueño la venderá en esa misma cantidad pero sin el adicional que le pueda generar la plusvalía. La diferencia será para el gobierno y el temor es latente, pues se teme sea extensiva a los estados y municipios.
Claroscuro. – Despertada la especulación por esta Ley de Plusvalía de Bienes, espanta que hasta los adicionales en obra aplicados a la propiedad serán sometidos a una fiscalización para ser devueltos al dueño de manera restringida. Con estos nuevos formatos de ley, quién querrá entrarle en la compra de una vivienda a fin de invertirle, hacerla crecer como propiedad e integrarla como un patrimonio para la familia.
Claro que sí. – Como una clara evasiva para el Consejo de Instituciones (CI) aparece la media respuesta recibida por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) con relación a los cuestionamientos por oficio sobre la obra de la Carretera Nacional Monterrey-Nuevo Laredo y el tramo La Gloria. Sólo se tuvo como respuesta de manera indirecta a través de la Policía Federal; el mejoramiento en avisos preventivos y una mayor vigilancia. La verdad… no había para más y menos repuesta.
Claro que no. – Sin que sea una excusa para el Gobierno Federal, no debe olvidarse que la obra carretera está viciada de origen y si eso le haría echar culpas, pues como que ya no. Las preguntas irían en cascada, como es la doble concesión otorgada a renovada Carretera Nacional, la que tiene todas las características de ilícito, solapado o tal vez hasta orquestado por la SCT de acuerdo a oficios que tiene en su poder el CI, que sí tiene mucho qué preguntar. ¡Cada concesión fue cedida a particulares por 30 años!
Aclarando. – La exhibida de la punta de la hebra, surgió cuando el CI primeramente le envió oficio a la SCT de Nuevo León para solicitarles la reparación de los trabajos, los que por ciento apenas fueron concluidos en junio del año antepasado. El organismo local tuvo como respuesta de la dependencia del Gobierno Federal con sede en Monterrey que redireccionarán su petición a la empresa “Monterrey-Nuevo Laredo, S. A. de C. V.”, según encargada de la concesión y mantenimiento.
Clarificando. – En el seguimiento de la petición, el 21 de marzo del 2018, la SCT de México respondió también a la solicitud del Consejo de Instituciones mediante el oficio SCT-D40C-APP001.2017, donde se hace saber de la concesión y que estaba asignada a “Operadora de Infraestructura, S.A. de C. V., también por 30 años. Esta sería aparte de la concesión a la empresa “Monterrey-Nuevo Laredo, S. A. de C. V.”, de la que así tiene registrada en su informe la SCT de Nuevo León. ¡Doble concesión!
Sabía usted que. – La obra de reparación de la Carretera Nacional, que tuvo un gasto inicial de 170 millones de pesos podría aparecer situada en un presunto fraude si se considera que jamás la empresa constructora asignada entregó los trabajos terminados, así tampoco fue recibida por la SCT y sin embargo ya fue concesionada, no solo una vez sino en dos ocasiones a empresas distintas por los siguientes 30 años, amén de la inversión que tendrá la creación de la autopista.
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