Lo anterior, en razón de que la Federación no ha ejercido su atribución de control sanitario
Lo anterior, en razón de que la autoridad federal no ha ejercido su atribución de control sanitario con respecto a la población migrante, a pesar de que, a través de diversos acuerdos de naturaleza bilateral con los Estados Unidos, ha asumido responsabilidades directas en materia de refugio, atención, cuidado y repatriación de personas.
Especial / LA RED DE ALTAMIRA
VICTORIA.- El Gobierno de Tamaulipas presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional, de carácter urgente, por la que se solicita se dicten medidas cautelares para la protección de la salud de las y los tamaulipecos y de los migrantes que se encuentran en el Estado, derivado de la emergencia sanitaria provocada por el virus COVID-19.
Lo anterior, en razón de que la autoridad federal no ha ejercido su atribución de control sanitario con respecto a la población migrante, a pesar de que, a través de diversos acuerdos de naturaleza bilateral con los Estados Unidos, ha asumido responsabilidades directas en materia de refugio, atención, cuidado y repatriación de personas.
Ante el reciente aumento de deportaciones de migrantes por parte de los Estados Unidos y el riesgo sanitario que representan los albergues como foco de contagios del COVID-19 por el hacinamiento en los mismos, el Gobierno del Estado ha exigido en reiteradas ocasiones la intervención de la Federación para que adopten las medidas preventivas necesarias para evitar el contagio de los migrantes y de estos hacia la población tamaulipeca en las ciudades fronterizas.
En julio de 2019, el Gobierno de la República a través del Instituto Nacional de Migración y el Estado de Tamaulipas, celebraron un convenio mediante el cual la Federación se obligó́ a establecer albergues de migrantes fuera de la entidad, así como a dar la atención y cuidado adecuado a esta población vulnerable, incluyendo su repatriación en el caso de deportaciones desde los Estados Unidos.
A pesar de reiteradas insistencias, dicho convenio no ha sido cumplido en sus términos, ni tampoco se han adoptado las medidas que exige el contexto epidémico mundial. Esto supone un riesgo directo e inminente tanto para los migrantes como para la población en general.
La controversia constitucional plantea que dicho convenio se ejecute a la brevedad, pero también que se ordene a la Federación a actuar de manera proporcional y razonable al riesgo que implican las precarias condiciones en las que se encuentran los migrantes en nuestro país.
El Estado de Tamaulipas solicitó también en la Controversia, que proteja los esfuerzos del gobierno local en materia sanitaria, con el propósito de evitar la
propagación de la pandemia en la franja fronteriza, en el marco de las facultades concurrentes en materia de salubridad general que establece la Constitución y la ley general de la materia.
Ante el reciente aumento de las deportaciones de migrantes por parte de los Estados Unidos y el riesgo sanitario por el COVID -19 que representa su permanencia en los albergues, el Gobierno del Estado ha exigido en reiteradas ocasiones la intervención de la Federación y, en particular, que se adopten las medidas preventivas necesarias para evitar el contagio de los migrantes y de estos hacia la población tamaulipeca en las ciudades fronterizas.
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