Javier Claudio / LA RED DE ALTAMIRA
NUEVO LAREDO.- En el concepto de que la impartición de justicia no debe ser paralizada por ningún motivo, agrupaciones de abogados de Tamaulipas formalizaron su rechazo mediante un oficio al Consejo de la Judicatura por el cierre de juzgados en todas sus materias.
El oficio sentencia como impostergable levantar la inmovilización del aparato judicial y que aunque es inédito el motivo de la emergencia internacional que originó la suspensión, el cual es formado por la Asociación de Abogados Ambientalistas de México, A. C., la Barra de Abogados de Nuevo Laredo, A. C., la Federación Mexicana de Colegios de Abogados, A.C.
Suscriben también este documento de protesta con copia al gobernador del estado y a la Secretaría de Salud, la Barra Colegiada de Abogados de Nuevo Laredo, la Barra Colegiada de Abogados de Nuevo Laredo A.C., así como la Federación de Asociaciones de Abogados de Tamaulipas “Lic. Javier López Ríos, A.C.” que representa a 16 Colegios de Abogados de la entidad, así como litigantes no asociados.
El Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, determinó como medida preventiva ante la situación sanitaria propiciada por la propagación del virus COVID-19, suspender las labores de todos los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial del Estado y de sus dependencias por el periodo comprendido de las quince horas del día dieciocho de marzo hasta el diecinueve de abril de dos mil veinte, en una primera e histórica decisión.
“Es inobjetable la imposibilidad de continuar en la violación de derechos fundamentales, por lo que, con los riesgos que conlleve, y bajo las estrictas medidas de protección y seguridad necesarias, exige reactivar la tarea judicial”, reza el documento.
Ahí asentaron que las áreas de recaudación de impuestos y derechos operan bajo medidas de seguridad, higiene y aislamiento, por lo que no existe fundamento para la inmovilización del aparato judicial ya que la justicia es el valor más elevado que tiene toda sociedad.
En contrapeso, los abogados refirieron el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé: “….Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial….”.
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