El trabajo conjunto, refuerza el vínculo entre instituciones que velan por los derechos humanos en contextos complejos como el penitenciario
La justicia no se detiene en las rejas. Con esa idea clara, la Defensoría Pública del Estado de Tamaulipas, bajo la dirección de Mariela Estefanía Zurita Lugo, realizó una jornada legal en el Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) de Altamira, llevando orientación y apoyo jurídico gratuito a personas privadas de su libertad.
Pilar Dantés / LA RED DE ALTAMIRA
ALTAMIRA. – La justicia no se detiene en las rejas. Con esa idea clara, la Defensoría Pública del Estado de Tamaulipas, bajo la dirección de Mariela Estefanía Zurita Lugo, realizó una jornada legal en el Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) de Altamira, llevando orientación y apoyo jurídico gratuito a personas privadas de su libertad.
Acompañada por un equipo de defensores públicos especializados en diversas ramas del derecho, Zurita Lugo recorrió el penal con una meta: ofrecer asesoría legal profesional, clara y humana a quienes más lo necesitan.
Durante la visita se atendieron individualmente distintos casos jurídicos en proceso. Cada persona recibió información detallada sobre su situación legal, con el objetivo de garantizar su derecho a una defensa adecuada y conforme a los principios del debido proceso.
“La presencia de la defensoría pública dentro del sistema penitenciario no solo garantiza el acceso a la justicia, sino que refleja el compromiso institucional de no dejar a nadie atrás. Sabemos que detrás de cada expediente hay una historia humana, y por eso trabajamos con responsabilidad, empatía y profesionalismo”, señaló la titular del Instituto.
Además, Zurita Lugo agradeció el respaldo de Yolanda Garibay, directora del CEDES Altamira, destacando su colaboración como pieza clave para que esta jornada pudiera realizarse con éxito. El trabajo conjunto, dijo, refuerza el vínculo entre instituciones que velan por los derechos humanos en contextos complejos como el penitenciario.
Estas acciones forman parte de la política pública impulsada por el gobernador Américo Villarreal Anaya, quien ha puesto énfasis en fortalecer una defensoría pública cercana, incluyente y accesible, donde la justicia no sea un privilegio, sino un derecho para todas las personas, sin distinción.
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