Especial / LA RED DE ALTAMIRA
ALTAMIRA, TAM. – La falta de regularización fiscal mantiene fuera de servicio a casi una tercera parte del transporte público en el sur de Tamaulipas, situación que ha comenzado a impactar de manera directa en la movilidad diaria de miles de usuarios.
Autoridades de la Delegación Regional de Transporte Público informaron que, de un padrón cercano a las nueve mil unidades concesionadas, aproximadamente dos mil 700 no están en condiciones de operar debido a adeudos acumulados, algunos de ellos superiores a los 70 mil pesos.
Esta disminución en el número de vehículos activos ha derivado en recorridos más espaciados, unidades saturadas y prolongados tiempos de espera en paraderos y avenidas principales.
El delegado regional, Francisco Gojón Medina, explicó que el problema no es exclusivo de esta zona, sino que se presenta de manera generalizada en distintos municipios del estado, comprometiendo la eficiencia del sistema de transporte urbano.
Ante este escenario, el Gobierno estatal mantiene conversaciones con la Secretaría de Finanzas para diseñar esquemas que permitan a los concesionarios ponerse al corriente en sus obligaciones y reincorporar las unidades al servicio, con la finalidad de restablecer la capacidad operativa del sector.
El funcionario recordó que las concesiones dependen directamente del Ejecutivo estatal y pueden ser transferidas a terceros si el titular así lo decide. No obstante, precisó que cuando el concesionario fallece sin formalizar el procedimiento, el permiso queda sin efecto, aunque aseguró que en el sur del estado la mayoría de los registros siguen vigentes.
Respecto al reciente ajuste en la tarifa, que elevó el costo del pasaje a 12 pesos, subrayó que este incremento está sujeto al compromiso de modernizar las unidades, mediante trabajos de rehabilitación, mantenimiento de carrocería, renovación de asientos, revisión de sistemas eléctricos, cambio de neumáticos y correcta señalización.
Por ahora, indicó, se hará un exhorto formal a los transportistas para que cumplan con las condiciones establecidas; sin embargo, adelantó que en un periodo aproximado de seis meses se llevará a cabo una revisión integral para verificar que los acuerdos se hayan cumplido y, en su caso, aplicar las medidas correspondientes.
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