RAMÓN MENDOZA S / LA RED DE ALTAMIRA
VICTORIA.- Diputados federales aprobaron la Ley de Extinción de Dominio; va al Ejecutivo con 291 votos a favor, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y particular el dictamen que expide la Ley Nacional de Extinción de Dominio.
Y el presidente de la Federación de Asociados de Abogados de Tamaulipas, Juan Carlos Ruiz Delgado, respalda dicha disposición universal sujetándose a los principios de equidad y justicia en la aplicación de la extinción de dominio sin afectar a terceros.
Explico que “Ley Nacional de Extinción de Dominio” establece los mecanismos para que las autoridades lleven a cabo la disposición, uso, usufructo, enajenación y monetización de los bienes que les sean arrebatados a la delincuencia.
Los hechos susceptibles de la extinción de dominio son por delincuencia organizada, secuestro, delitos cometidos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, contra la salud, trata de personas, corrupción, encubrimiento, los perpetrados por servidores públicos, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita y extorsión.
La ley también crea el Instituto de Administración de Bienes y Activos, en sustitución del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.
Además de crear la Ley Nacional, se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, de la Ley de Concursos Mercantiles y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
“Se busca que este instrumento jurídico, se fortalezca y contribuya a ser un baluarte para que la sociedad desarrolle las herramientas necesarias que permita avanzar para combatir la delincuencia, siempre protegiendo a un tercero perjudicado y apegándose a los procedimientos que en su caso dictamine la representación social”, aseveró.
Agregó que la Extinción de Dominio es una figura excepcional y extraordinaria que fundamentalmente debe ser una eficaz herramienta contra las estructuras financieras de la delincuencia organizada, los delitos relacionados con hechos de corrupción y los que más agravan a la sociedad, por lo que su aplicación debe respetar los derechos humanos al debido proceso, presunción de inocencia y la propiedad privada.
