Valida la Corte disposiciones de la legislación del estado de Tamaulipas, que prevén el otorgamiento de medidas de protección a diversos ex servidores públicos
Avala la Suprema Corte de Justicia de la Nación la asignación de escoltas y medidas de protección a los exgobernadores y otros funcionarios de Tamaulipas, que por su trabajo que desempeñaron están en riesgo su seguridad y sus vidas, dando con esto un revés a los diputados de MORENA que encabeza Úrsula Salazar Mojica como presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO).
ESPECIAL / LA RED DE ALTAMIRA
TAMAULIPAS – Avala la Suprema Corte de Justicia de la Nación la asignación de escoltas y medidas de protección a los exgobernadores y otros funcionarios de Tamaulipas, que por su trabajo que desempeñaron están en riesgo su seguridad y sus vidas, dando con esto un revés a los diputados de MORENA que encabeza Úrsula Salazar Mojica como presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO).
Fue el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que validó diversas disposiciones de la Constitución Política, así como las leyes de Seguridad Pública y Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, que prevén el otorgamiento de medidas de seguridad y protección a las personas que fungieron como titulares del Ejecutivo Estatal, de la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General de Justicia, todo por un periodo, igual tiempo de su cargo, las que pueden ser prorrogadas en tanto las condiciones de riesgo lo ameriten, en todos los cargos anteriores pertenecientes al estado de Tamaulipas.
La Corte determinó que las disposiciones resultan claras y precisas en cuanto a su significado y alcance, por lo que no existe una violación al principio de seguridad jurídica.
Lo anterior, al considerar que el Congreso local tiene libertad configurativa en este ámbito, sin que por el solo hecho de que se prevea la posibilidad de otorgar las medidas aludidas, exista una violación a los principios de honradez y eficiencia en el manejo de los recursos públicos, previstos en el artículo 134 de la Constitución Federal.
OBLIGADO EL ESTADO A DAR SEGURIDAD A CABEZA DE VACA
El pleno de la SCJN desechó por seis votos contra tres un proyecto realizado por la ministra Yazmín Esquivel que anulaba la protección del exmandatario y otros servidores y ex servidores públicos, y avaló la reforma a la Constitución de Tamaulipas que obliga a la administración estatal otorgar seguridad al exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
Mientras la ministra Esquivel argumentó que la asignación de recursos al exgobernador iba en detrimento de la seguridad del resto de la sociedad, la ministra Margarita Ríos Farjat señaló que la seguridad al exgobernador y exfuncionarios no es un privilegio injustificado, pues la medida se limita a un número reducido de personas y no a toda la burocracia estatal.
Así determina la Corte que será el estado quien va a garantizar las medidas de seguridad y protección adecuadas y suficientes, durante el tiempo que dure su cargo, así como por un periodo igual al tiempo que ocupó el mismo y podrán ser prorrogables, en tanto las condiciones de riesgo lo ameriten.
Hay que recordar que el actual gobierno de Américo Villarreal, ordenó reducir el número de escoltas a Cabeza de Vaca, por lo que se interpuso una demanda de amparo, por lo que ahora al resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ex mandatario tamaulipeco podrá contar con escoltas hasta el mes de octubre del 2028.
