Colocan anuncios en donde marcan el aseguramiento del inmueble
La Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en la entidad, procedieron la tarde de este sábado al aseguramiento del terreno de 1,600 hectáreas, localizadas en el Puerto Industrial de Altamira ubicado en las costas del Golfo de México y las cuales el gobierno busca recuperar por pertenecer al patrimonio estatal.
Especial / LA RED DE ALTAMIRA
ALTAMIRA.- La Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en la entidad, procedieron la tarde de este sábado al aseguramiento del terreno de 1,600 hectáreas, localizadas en el Puerto Industrial de Altamira ubicado en las costas del Golfo de México y las cuales el gobierno busca recuperar por pertenecer al patrimonio estatal.
Agentes del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia dieron fe de la instalación de las estructuras que indican que el inmueble ha sido asegurado y se advierte que, cualquier persona que pretenda ingresar al terreno, incurre en una ilegalidad.
La propiedad actualmente está en manos de un particular, de acuerdo a la Averiguación Previa Penal 14/2017 de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Tamaulipas.
Las estructuras colocadas indican la siguiente Leyenda:
“La disposición o apoderamiento de esta propiedad sin un proceso legal es un delito sancionado por el Código Penal para el Estado de Tamaulipas.
Por lo que cualquier persona que sea sorprendida tratando de ingresar o generar anomalías dentro de esta, será puesto a disposición de las autoridades competentes”.
El Puerto Industrial de Altamira, donde se localiza el extenso terreno, está catalogado como uno de los 5 puertos más importantes del país.
Las 1,600 hectáreas fueron expropiadas por el gobierno federal en 1996, posteriormente en el 2002 se traspasaron al “Fideicomiso Nuevo Santander”, organismo que, en el mismo año, las vendió a un particular, quien a su vez cinco años después las revendió a otro particular en el periodo de gobierno de Eugenio Hernández Flores (2005-2010).
El ex gobernador, fue detenido este viernes y permanece en el Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) de Ciudad Victoria, está acusado por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Tamaulipas, de los delitos de peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita al apropiarse de las 1,600 hectáreas que actualmente tienen un valor de 1, 584 millones de pesos.
EN 2003 SE HIZO LA DENUNCIA
La ex regidora panista de Altamira, Silvia Leticia Cacho Taméz, fue quien emitió la denuncia correspondiente por el tráfico de terrenos en 2003, en el que acusaba a Fernando Cano Martínez y, a Tomás Yárrington Ruvalcaba, mandatario estatal en ese tiempo.
En su denuncia que interpuso ante la Procuraduría General de Justicia, refería sobre la venta ilegal del terreno, mismo que pertenecía originalmente al Gobierno Federal.
En ese entonces, la panista denunció que la venta se hizo tras señalarse que se trataba de un terreno sin valor, sin embargo en 2006 en los Estados Unidos se promocionó dicha área como un lugar turístico, idónea para la instalación de hoteles cinco estrellas, campos de golf, entre otros atractivos, y llevaría como nombre “Mar y Lago”; se invitaba a los empresarios extranjeros a invertir en dicho proyecto.
En ese tiempo, es decir, en 2006, Silvia Cacho cuando fungía como regidora del Ayuntamiento de Altamira, denunció nuevamente a la luz pública diciendo que los priístas se habrían apoderado de dicho terreno y que no se estaba actuando conforme a la ley; existía impunidad en el caso.
