Por Pilar Dantés / LA RED DE ALTAMIRA
ZONA CONURBADA. – La Dirección General de Asuntos Religiosos y Gobernabilidad Democrática para la Reconstrucción del Tejido Social busca concretar este año el registro de 300 asociaciones religiosas en Tamaulipas, trámite que ahora se ofrece de manera gratuita y directa, con el propósito de brindar certeza jurídica a las agrupaciones que durante años enfrentaron procesos burocráticos, tardados y costosos.
Arlette Fuentes Gallegos, titular de la dependencia, explicó que de las 639 asociaciones religiosas que actualmente cuentan con registro en el estado, se tiene identificada la presencia de alrededor de 9 mil agrupaciones o comunidades de fe, por lo que existe un amplio universo que aún puede acceder a la regularización.
De la meta estatal, estimó que entre 80 y 100 registros podrían corresponder a asociaciones de la zona conurbada del sur.
Señaló que “el proceso requiere, entre otros aspectos, acreditar un arraigo mínimo de cinco años en la comunidad y contar con un inmueble propio, en comodato o arrendamiento donde se desarrollen las actividades de culto, además de una estructura interna con representante legal y comité ejecutivo”.
Indicó que el personal de la Dirección General brinda acompañamiento en las áreas legal, contable y administrativa para integrar la documentación.
Fuentes Gallegos destacó que anteriormente las agrupaciones debían realizar los trámites ante la Secretaría de Gobernación, lo que implicaba mayores tiempos y, en algunos casos, recurrir a intermediarios particulares que podían cobrar entre 100 mil y 160 mil pesos.
Ahora, mediante el convenio establecido con el Gobierno de Tamaulipas, los servicios se acercan directamente a las comunidades religiosas y sin costo.
La funcionaria aclaró que la falta de registro no implica que una asociación esté incurriendo en una irregularidad, ya que muchas agrupaciones no habían tenido acceso sencillo al procedimiento.
Subrayó que el objetivo es otorgar certeza jurídica y garantizar el ejercicio de la libertad religiosa, sin que la Dirección General tenga facultades para imponer sanciones, sino únicamente para orientar, apoyar y facilitar la regularización.
