ESPECIAL / LA RED DE ALTAMIRA
TAMAULIPAS.- El Diputado Federal Carlos Enrique Canturosas Villarreal presentó una iniciativa con proyecto de decreto para adicionar un nuevo párrafo quinto al artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de abastecimiento de medicamentos.
Durante su mensaje, el legislador enfatizó que se trata de “algo más que de una ley”, al señalar que se habla de la dignidad, la salud y el derecho a la vida, que se vulnera “cada vez que un paciente no encuentra su medicina”.
Recordó que desde 1983 la Constitución elevó el derecho a la protección a la salud a rango fundamental y que, con la reforma del 8 de mayo de 2020, se buscó garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud, particularmente para la población sin seguridad social, con el objetivo de garantizar el bienestar integral de las y los mexicanos.
El legislador argumentó que no se ha logrado establecer un Sistema Nacional de Salud que responda a la demanda popular de una vida sana.
Asimismo, subrayó que la Ley General de Salud establece que las personas sin seguridad social tienen derecho a recibir de forma gratuita la prestación de servicios, medicamentos y demás insumos asociados, pero que en el papel la ley lamentablemente no se cumple.
En este contexto, indicó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha intervenido repetidamente en casos de amparo ante la falta de suministro oportuno de medicamentos, y sostuvo que el Estado tiene la obligación de garantizar el suministro oportuno, constante y permanente.
Por ello, afirmó: “No podemos dejar al arbitrio de la interpretación o del amparo lo que debe ser una garantía constitucional. Debemos dar certeza a cada familia”, y propuso adicionar un quinto párrafo al artículo 4º constitucional, con el siguiente texto:
“Este derecho será garantizado por el Estado e incluirá el abastecimiento oportuno, constante y permanente de medicamentos.”
Finalmente, el legislador puntualizó que esta adición “blinda el derecho a la salud”, convierte el suministro de medicamentos en una obligación constitucional ineludible y permite que la salud “no dependa de la burocracia, sino de un mandato supremo en la Constitución”.
