* El juez que dicto sentencia es sobrino de Dolores Padierna, ex lideresa del PRD y ahora diputada de Morena.
ESPECIAL / LA RED
CD. DE MÉXICO.- Era cuestión de días para que la Justicia mexicana dictara prisión contra Rosario Robles, la mujer que intervino en la llamada “Estafa Maestra” donde se le vincula con la desaparición de varios millones de pesos de las arcas del erario público nacional.
Tras más de 12 horas de audiencia, Alejandro Olea, uno de los abogados de la exsecretaria de Desarrollo Social, dijo que su clienta es una presa política y que la Fiscalía General de la República (FGR) no tuvo la capacidad jurídica y moral para rebatir las pruebas presentadas.
“Nos encontramos ante un Tribunal del Estado; los hechos, pruebas y leyes no fueron parte del debate y de la imputación de la defendida; estamos ante una violación grave de la presunción de inocencia de Rosario Robles y de una violación grave al debido proceso”, señaló
Por otra parte, Julio Hernández Barros, otro de los abogados de la ex funcionaria, dijo que se encontraron con un Tribunal de Estado pues se violó el debido Derecho y la presunción de inocencia, porque aunque se entregaron pruebas, estas no fueron tomadas en cuenta por la FGR.
Esta resolución fue un acto de crimen a la justicia, de asesinato a la ley, victimizaron a la Constitución, ella es inocente, sostuvo tras afirmar que el juez puso palabras en boca de su defendida y no lo que consta en el acta de entrega de Rosario Robles.
“Realmente estamos ante una persecución, ante una presa política que podríamos calificarla ya a ese grado; ella es un chivo expiatorio que quieren tanto el gobierno federal y otros personajes de la política pública, aquí estamos y seguiremos dando la cara”, puntualizó.
Por otra parte, ha trascendido que el juez que dicto sentencia en el caso de Rosario Robles Berlanga, de nombre Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, es sobrino de Dolores Padierna, ex lideresa del PRD y ahora diputada de Morena, ha sido señalado como imparcial por la defensa de la ex funcionaria del gobierno de Enrique Peña Nieto, en un intento por intentar desprestigiar a quien tomó la decisión de vincularla a proceso, además de dictarle dos meses de prisión preventiva.
