El dictamen propuesto por la diputada zacatecana de MORENA, Bennelly Jocabeth Hernández Rueda, es identificada como operadora de Ricardo Monreal
Muy criticada y calificada como una aberrante violación a la Libertad de Expresión, fue la aprobación en la Comisión de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados Federales, con 20 votos a favor de MORENA, Verde Ecologista y PT y 9 en contra del PRI, PAN, PRD y MC, para reformar la Ley Sobre Delitos de Imprenta, para multar a quien utilice los medios de comunicación para insultar e injuriar al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y a los funcionarios de diversos puestos públicas tanto federales como estatales.
ESPECIAL / LA RED DE ALTAMIRA
NACIONAL.- Muy criticada y calificada como una aberrante violación a la Libertad de Expresión, fue la aprobación en la Comisión de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados Federales, con 20 votos a favor de MORENA, Verde Ecologista y PT y 9 en contra del PRI, PAN, PRD y MC, para reformar la Ley Sobre Delitos de Imprenta, para multar a quien utilice los medios de comunicación para insultar e injuriar al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y a los funcionarios de diversos puestos públicas tanto federales como estatales.
El dictamen propuesto por la diputada zacatecana de MORENA, Bennelly Jocabeth Hernández Rueda, fue aprobado para elevar los castigos o sanciones, por injuriar no solo al presidente López Obrador, sino también a secretarios de Gabinete, ministros, gobernadores, fiscal general de la República y a los legisladores.
El origen de la propuesta que presento para su reforma, se cita a la “mano oscura” del senador de MORENA, Ricardo Monreal, porque la diputada Bennelly Hernández, está identificada como operadora del grupo político de su confianza, ya a ella se le recuerda como la persona que fue detenida en el mes de junio del 2015 en el aeropuerto de Tapachula, cuando se dirigía a Toluca, se le encontró en posesión de un millón de pesos, que al no poder explicar su origen, ella declaró ese dinero era propiedad de su líder Ricardo Monreal.
Casualmente en América Latina, solo existen 7 países que castigan la injuria, que para la Organización de las Naciones Unidas (OEA) es violatoria a la Libertad de Expresión, entre ellos se encuentra Venezuela, Cuba, Nicaragua, Perú, República Dominicana, Panamá y ahora existe la posibilidad de que sea México, también el que sea agregado a esa lista de represores de la Libertad de Expresión.
Cabe destacar que esta reforma al a la Ley Sobre Delitos de Imprenta en todas las fracciones del articulo 33 en donde claramente están fortaleciendo la censura, fue aprobada solamente en la Comisión de Gobernación en espera de que también sea votada en pleno para su aprobación y después pasar a la siguiente cámara que es la de Senadores en donde manda Ricardo Monreal.
La solicitud de elevar el castigo sobre injurias al Presidente y demás servidores de diversas áreas gubernamentales, data de 1917 a la que llaman “Ley de Venustiano Carranza”.
LAS MULTAS Y SANCIONES
La propuesta es modificar la sanción por injurias al presidente de la República aplicando multas a quien viole esta ley, hasta por 5 mil 150 pesos y de pena establece hasta seis meses de cárcel y un año y medio de prisión.
Igualmente, ya con la reforma, a quien injurie al presidente de México será multado con un poco más de 4 mil pesos.
En la misma reforma se contempla sancionar la ofensa a magistrados de la Suprema Corte, magistrados de Circuito del DF o de las entidades, a Jueces de Distrito o del fuero común en los Estados.
También será sancionado quien injurie a elementos militares como a generales o coroneles cuando estén en funciones y a cualquier otro tipo de cuerpo publico colegiado dígase pertenecientes a la Federación o los Estados.
La también llamada “Ley Mordaza” de Monreal, multara a quien injurie a países con los que se tenga estrecha relación, a los jefes de estado de cada una de ellas y a quienes los representen en la República Mexicana.
OTRAS SANCIONES
Entre las sanciones a las reformas se incluye multas a quien no notifique la apertura de un taller de imprenta o cualquier medio de comunicación.
También se contempla multar a los propietarios de imprenta y talleres gráficos, que circulen cualquier impresión sin la identificación del impresor, que omitan su domicilio y fecha de publicación.
Las multas se extienden también para quien sea dueño de publicaciones periódicas que no tengan domicilio y el nombre y apellido del director del periódico.
