Por Arturo Rosas H.
La desaparición de personas volvió a colocar a Tamaulipas frente a una realidad que nunca desapareció por completo. Solo dejó de ocupar los titulares con la misma intensidad.
Los datos de Red Lupa son contundentes. En apenas cinco meses de 2026 se registraron 163 nuevas desapariciones, una cifra que obliga a revisar la estrategia de seguridad.
Reynosa, continúa encabezando los registros, pero el foco de preocupación comienza a desplazarse hacia Ciudad Victoria, donde el fenómeno vuelve a crecer después de años de relativa estabilidad.
Lo inquietante no es únicamente el aumento de casos. También cambia el perfil de las víctimas. Hoy desaparecen jóvenes, estudiantes, profesionistas y trabajadores entre los 15 y 44 años de edad.
La capital de Tamaulipas parecía haber dejado atrás aquellos años donde los “levantones” y secuestros alteraban la vida cotidiana. Hoy, esa sensación de tranquilidad comienza nuevamente a fracturarse.
Muchos de estos casos nunca llegan a denunciarse. El miedo sigue siendo uno de los principales aliados de quienes cometen estos delitos y el peor enemigo de las autoridades.
Hay familias que prefieren guardar silencio antes que acudir a presentar una denuncia. Temen represalias, desconfían del sistema o simplemente intentan proteger a los suyos.
La crisis en Victoria, encendió la alerta en el mes de enero, cuando un policía investigador de la FGJ fue eliminado y no se informó nada al momento de desaparecer.
Ese silencio también distorsiona las estadísticas. Los números oficiales muestran una realidad preocupante, pero la percepción ciudadana advierte que el fenómeno podría ser todavía mayor.
Red Lupa, documenta un histórico de 13 mil 850 personas desaparecidas en Tamaulipas. No es solamente una cifra; representa miles de familias viviendo entre incertidumbre y dolor permanente.
Durante la actual administración estatal, se contabilizan mil 817 personas desaparecidas. Más allá de las comparaciones sexenales, el desafío exige respuestas institucionales cada vez más eficaces.
Llama la atención que hasta ahora no exista una agenda pública permanente entre las autoridades estatales y los colectivos de búsqueda, quienes conocen de primera mano esta tragedia.
Las madres buscadoras continúan realizando una labor que muchas veces rebasa las capacidades institucionales. Su trabajo merece acompañamiento, coordinación y resultados, no únicamente reconocimiento público.
Ciudad Victoria, acumula ya 992 personas desaparecidas dentro del registro histórico. La cifra obliga a dejar atrás cualquier percepción de que este problema pertenece exclusivamente a la frontera.
Además, el patrón generacional es alarmante. La mayoría de las víctimas pertenece a la población económicamente activa, precisamente quienes sostienen familias, empresas y buena parte del desarrollo estatal.
Cuando desaparecen jóvenes profesionistas, estudiantes o trabajadores, también desaparecen proyectos de vida, estabilidad familiar y confianza en las instituciones encargadas de brindar seguridad.
Resulta indispensable fortalecer la investigación criminal, mejorar los mecanismos de búsqueda inmediata y reforzar la inteligencia para prevenir desapariciones antes de que ocurran nuevos casos.
La seguridad no puede medirse únicamente por la reducción de ciertos delitos como los presumió Jesus Eduardo Govea Orozco, Fiscal General de Justicia.
Mientras continúen creciendo las desapariciones, persistirá una de las heridas más profundas para cualquier sociedad.
Tamaulipas logró dejar atrás algunos de los años más violentos de su historia reciente. Sin embargo, las desapariciones recuerdan que la paz nunca puede darse por conquistada definitivamente.
