Por Luis Enrique Arreola Vidal.
Miguel Ángel Valdez García, nuevo secretario de Educación de Tamaulipas, no llegó a calentar la silla ni a repetir el guion de siempre.
Su primera declaración ante los medios fue breve, pero reveladora: “Estamos evaluando. Donde haya que hacer ajustes, se harán con criterio profesional.”
Dicho de otra forma: viene limpia. Y no una de incienso y copal, sino una de escoba, cloro y bisturí.
La Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) venía cargando un tufo que ya resultaba insoportable hasta para quienes se beneficiaban de él.
El gobernador Américo Villarreal le puso punto final a la gestión de Lucía Aimé Castillo Pastor con un manotazo que tardó, pero que llegó. El golpe era necesario, aunque todavía no suficiente.
Valdez García no es nuevo. Lleva seis meses en la Subsecretaría, la parte medular de la SET. Es decir, no viene a descubrir el caos: ya lo vivió. Por eso su discurso de “fortalecer lo construido” debe leerse con reservas.
Porque cuando lo construido incluye simulaciones, nóminas fantasma, cobros indebidos y una cadena de delitos que avergonzarían a cualquier servidor público con algo de decencia, más que fortalecer hay que demoler.
Y si alguien cree que esto es exageración, ahí está el caso mencionado en este y otros espacios de Geovanni Vladimir Chávez Soto. Maestro registrado desde 2011, con clave presupuestal activa, comisiones oficiales y cero ingresos en 14 años. Más de 400 quincenas, más de 3 millones de pesos… desaparecidos.
Alguien más cobró por él. Firmas falsificadas, claves duplicadas y un aparato completo que, por acción u omisión, lo permitió. No es un error aislado. Hay al menos 370 casos similares bajo revisión. Esto no es omisión: es método.
Lucía Aimé está fuera, sí, pero su operador principal, Gerardo Rodríguez Salazar, sigue ahí. En 2024 desobedecieron la instrucción directa del gobernador para pagarle a Geovanni y reparar el daño.
¿Quién manda realmente en Tamaulipas? El Ejecutivo ya tomó la decisión política de apartarla, pero si Rodríguez Salazar sigue operando, el manotazo habrá sido a medias.
Hoy, la Contraloría estatal, a cargo de Norma Angélica Pedraza Melo, tiene sobre la mesa más de 40 expedientes abiertos, entre ellos uno con título de película de horror administrativo: “SET/ROBO DE SUELDOS/FIRMAS FALSAS/2025”.
Y los delitos ya tienen clasificación penal: falsificación de documentos, peculado, abuso de confianza, colusión. Esto ya no es un asunto laboral: es penal, y es político.
Pero cuidado: la SET no es el único lodazal. Hay otras dependencias que este espacio ha señalado con nombre y apellido, donde se juega al funcionario decente de día y al saqueador institucional de noche.
Oficinas que se han vuelto sucursales del cinismo, con secretarios que creen que el cargo viene con carta blanca para robar… “mientras nadie se dé cuenta”.
Aquí es donde el gobernador Américo Villarreal tiene la última palabra. La integridad y la trascendencia de su gobierno no dependerán de cuántos discursos se pronuncien ni cuántos recortes de listones se acumulen.
Dependerán de su capacidad real de conducir el gabinete en este segundo tramo de su administración, de hacer que rindan cuentas quienes deben hacerlo, armonizando con su proyecto… o de sentarlos en el banquillo de los acusados si su presencia solo suma descrédito.
Ya basta de convertir ciertas secretarías en la cueva de Alí Babá. Si el Ejecutivo quiere cerrar con dignidad, tendrá que demostrar que no le tiembla la mano para barrer desde arriba hacia abajo. Porque el pueblo, que ha sido paciente, no se conformará con un cambio de nombres ni con otro show mediático de buenas intenciones.
Cuando el telón caiga, no pedirá aplausos: pedirá justicia.
