En la acción participaron elementos de Defensa, Semar, FGR, GN y SSPC y autoridades locales
Se ejecutaron órdenes de aprehensión por reclusión contra 12 personas, identificadas como César Enrique “Z”, Edgar “C”, Enrique “A”, Jesús “C”, Juan Diego “G”, Talos Luciano “T”, Felipe de Jesús “V”, Martín “M”, Medardo Ernesto “M”, Vicente “M”, Juan Francisco “R”, mientras que a Eduardo “G” se les ejecutó otra orden de aprehensión por extorsión. A las personas detenidas se les informaron sus derechos y fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente quien determinará su situación jurídica.
Especial / LA RED DE ALTAMIRA
TAMAULIPAS. – En el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, en el estado de Tamaulipas, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y Guardia Nacional (GN), así como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en coordinación con la Fiscalía General de Justicia, la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS), la Unidad de Antisecuestro y Antiextorsión (UAA) y la Secretaría de Seguridad Pública del estado, realizaron trabajos de inteligencia que permitieron identificar y desarticular una célula delictiva dedicada a la extorsión, lo que derivó en la solicitud y cumplimiento de órdenes de aprehensión contra 12 de sus integrantes.
Como resultado de la investigación, se detectó que esta célula operaba desde el Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) de Reynosa, desde donde realizaban llamadas extorsivas principalmente contra adolescentes y personas adultas mayores del municipio de Matamoros. Para ello utilizaban alrededor de 80 números telefónicos de diversas compañías y más de 70 cuentas bancarias donde se concentraban los depósitos exigidos a las víctimas.
Las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de trabajar de manera coordinada con autoridades locales y no permitir impunidad en los delitos que atentan contra el patrimonio de las familias tamaulipecas.
