ESPECIAL / LA RED DE ALTAMIRA
En un trabajo coordinado con la Secretaría de Marina, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), destituyó a 11 servidores públicos por presuntos actos de corrupción y colusión en la regulación de diversas sustancias y productos como plaguicidas.
Será la autoridad jurisdiccional quien determine la acción penal correspondiente con base en evidencias sólidas recabadas por la Cofepris y por la Marina, se informó en un comunicado conjunto.
“Las personas involucradas eran responsables de analizar posibles riesgos sanitarios en el proceso de elaboración de Normas Oficiales Mexicanas y en sustancias y productos de suma importancia, como plaguicidas.
Como resultado de los trabajos permanentes de inteligencia se encontró evidencia de destrucción de información en discos duros, filtración de proyectos de modificación a normas, e intercambio de correos electrónicos donde se reportaba de manera periódica a una exfuncionaria de alto nivel sobre acciones operativas e información relacionada a autorizaciones de Cofepris”, detalló.
Sin precisar el nombre de la ex funcionaria mencionada, se añadió que fue directora ejecutiva de Evidencia de Riesgos en Cofepris y actualmente funge como titular de una empresa gestora de trámites de asuntos relacionados con la salud, cuya razón social, tampoco se dio a conocer.
La Cofepris enfatizó que, con la separación del cargo de las personas presuntamente implicadas, también se realizaron las denuncias pertinentes ante el Órgano Interno de Control (OIC) para las investigaciones correspondientes por presuntas responsabilidades administrativas.
“El trabajo del Centro de Inteligencia que empezó a operar el 3 de agosto de 2022 tiene como uno de sus objetivos desmantelar los mecanismos de corrupción que permearon durante más de 20 años y consolidar el orden operativo en la institución.
Como parte de las acciones que ejecuta están la investigación y denuncia de antiguas prácticas en donde predominaban intereses particulares, mal manejo administrativo, discrecionalidad en procesos, y la operación de gestores o coyotes, quienes impactaban en el ingreso, la asignación y la evaluación de trámites”, reiteró la Comisión Federal.
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