Armando Castillo Gutiérrez / LA RED DE ALTAMIRA
TAMAULIPAS.- La reforma a los artículos 38 y 102 de la Constitución Política, con la que los deudores alimentarios, los agresores y condenados por algunos delitos no podrán ser candidatos a cargos públicos, entró en vigor este martes 30 de mayo.
La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, consejera Mayra Gisela Lugo Rodríguez, explicó que con la entrada en vigor de esas disposiciones constitucionales, se establece la suspensión de los derechos para trabajar en el servicio público (gobierno) o buscar un puesto de elección popular.
De acuerdo a la reforma de la Constitución, a partir de este martes, cualquier persona violentadora o agresora de mujeres o deudora alimentaria no podrá ocupar algún cargo público o de elección popular, entre estas las que tengan sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal.
“Lo que especifica el artículo 38 de la Constitución, señala entre otras cosas que los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden y en específico por tener sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal contra la libertad y seguridad sexuales”, explicó.
También, el normal desarrollo psicosexual, por violencia familiar, familiar equiparada doméstica, violación a la intimidad sexual y por violencia política contra las mujeres en razón de género en cualquiera de sus modalidades y tipos, sostuvo.
Incluso, por ser declarada como persona deudora alimentaria morosa.
Añadió que en los supuestos de la fracción, Las personas no podrán ser registradas como candidatas para cualquier cargo de elección popular ni ser nombradas para empleo cargo o comisión en el servicio público.
“La ley fijara en este sentido los casos en que se pierden y las demás en las que se suspenden los derechos del ciudadano y la manera de hacer la rehabilitación, con esto, se consolida el hecho de que ninguna persona agresora pueda ser nombrada para el servicio público”, apuntó.
Por su parte, la consejera Marcia Laura Garza Robles, destacó que con la reforma constitucional, los agresores y condenados por algunos delitos o sean deudores alimentarios no podrán participar en las elecciones, e hizo un reconocimiento a los legisladores por esa declaratoria y haber aprobado lo que se conoce como ley tres de tres.
