Juan Antonio Montoya Báez
Negocios por debajo del drenaje
Vivir frente al mar, y más aún en las inmediaciones de la paradisíaca playa Miramar, es un verdadero sueño para miles de personas. Por esa razón, los desarrollos inmobiliarios y fraccionamientos que se edifican en esa codiciada franja costera cotizan sus terrenos a precios sumamente elevados, aunque siempre resultan muy apreciados por los inversionistas que buscan adquirirlos.
Los desarrolladores saben perfectamente que la zona es un negocio redondo; sin embargo, antes de colocar la primera piedra tienen que sortear decenas de aduanas burocráticas y conseguir las sagradas firmas de diversas autoridades municipales, estatales y hasta federales.
Levantar un fraccionamiento no es tarea sencilla y los constructores tienen que hacer mil malabares para obtener los permisos.
Muchos de ellos intentan hacer las cosas derechas y conforme a la ley, pero en la práctica se topan de frente contra un muro de cemento; aunque cumplan rigurosamente con todos los planos y reglamentos técnicos, les imponen una serie de trabas artificiales diseñadas precisamente para que no puedan cumplir con la normatividad a menos que pasen por la caja registradora.
En un nuevo fraccionamiento que se construyó cerca de Vela Mar, se pusieron en venta poco más de mil lotes residenciales con todas las comodidades, como usted podrá suponer, esos predios no son nada baratos; no son los que reparte el ITAVU a bajo costo, por supuesto, estos lotes son de los finos y caros.
Por eso resulta tan común que algunos funcionarios públicos terminen convirtiéndose mágicamente en flamantes propietarios de varios terrenos en distintos municipios, mismos que revenden tiempo después, justo cuando dispararon su plusvalía. Es, digamos, el pago discreto por sus valiosos “servicios” de gestoría.
En el caso concreto del municipio de Ciudad Madero, desde la Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social se ordenó cobrar un impuesto por el derecho de conexión de agua.
Hasta ahí todo es normal; los desarrolladores conocen las reglas del juego y entienden perfectamente el pago de derechos; lo que ya no cuadró fue que el cobro resultó excesivo, tasado en alrededor de tres mil pesos por cada predio; parece una cifra modesta, pero al multiplicarla por los más de mil lotes del proyecto, la bolsa supera cómodamente los tres millones de pesos.
Lo verdaderamente sospechoso y turbio del asunto es que los emisarios pedían el dinero en efectivo y sin entregar recibos oficiales foliados. Les aseguraron que se trataba de un fino “trato de caballeros”, una cooperación necesaria para evitar que la dependencia interpusiera trabas técnicas en el suministro de agua potable o en las descargas del drenaje.
La queja por este presunto atraco escaló directamente hasta el escritorio del alcalde maderense, Erasmo González Robledo. En la urbe petrolera todos se conocen y más aún cuando pertenecen al mismo círculo político. Cuentan los enterados que Erasmo se sintió sumamente incómodo con el reporte, pero prometió intervenir de inmediato ante la denuncia empresarial.
Hay dependencias estatales que ni siquiera necesitan tener un presupuesto monumental asignado en el papel, porque el verdadero negocio corre por fuera; y lo mejor para los pillos es que se trata de recursos privados que no pasan por el escrutinio de las Contralorías ni de la Auditoría Superior del Estado.
Este es exactamente el caso de la Secretaría de Recursos Hidráulicos, una oficina que de por sí maneja una bolsa pública gigantesca, pero donde además algunos de sus operadores se dedican a hacer jugosos negocios literalmente por debajo del agua y del drenaje.
El titular de esta dependencia es Raúl Quiroga Álvarez, uno de los consentidos más blindados de la administración estatal, sobre quien pesan verdaderas leyendas urbanas acerca de los onerosos negocios que opera con la bendición presupuestal de una secretaría que pocos voltean a fiscalizar.
En la grilla se sabe que las obras hidráulicas y de drenaje son las que mayor porcentaje de diezmo arrojan, más aún cuando se controlan las Comapas y, de pilón, se le exige “cooperación” en efectivo a los constructores privados.
Quiroga es un personaje sumamente sociable al que le encanta cultivar relaciones almorzando en los mejores restaurantes con sus compañeros de gabinete; lo mismo se le ha visto departiendo el pan con el secretario de Salud, Ricardo Guerrero, que muy sonriente en la mesa de la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Norma Angélica Pedraza Melo.
Sobre la queja expuesta en el escritorio del alcalde Erasmo González, lo más probable es que no haya tenido avance alguno; seguramente el constructor terminó negociando el cobro para salvar su inversión.
Al final del día nunca sabremos si esos tres millones en efectivo fueron a parar a las bolsas de Quiroga o si el funcionario estrenó nuevos lotes frente al mar; lo único cierto es que hasta al propio Erasmo le sorprendió el tamaño de la voracidad estatal. Pregúntenle a Erasmo si quieren conocer el dato completo.
Dando un salto hasta la frontera norte, la alcaldesa de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, acaba de convertirse en un referente nacional dentro de las políticas de salud preventiva, al lograr que su comuna sea el primer municipio en todo el país en impulsar una jornada gratuita de vacunación contra el herpes zóster, aplicando 2 mil dosis para blindar a mil adultos mayores de 50 años.
Esta visión humanista no es ninguna novedad en su gestión; vale recordar que durante los momentos más críticos de 2021 y 2022, Carmen Lilia encabezó exitosas estrategias binacionales de la mano de Laredo, Texas, para facilitar la vacunación contra el COVID-19 a niñas, niños y bebés fronterizos, logrando proteger incluso a menores desde los seis meses de edad.
Bueno, por hoy es todo.
El Patinazo… miren que pedir millones en efectivo sin recibo foliado para conectar el drenaje en playa Miramar puede provocar un aparatoso desbordamiento en las cuentas del 2027.
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