Por Juan Antonio Montoya Báez
Los comerciantes y empresarios de Tamaulipas llegan a su límite. No solo están asfixiados por la corrupción sistémica del sector público, sino que viven a merced de una delincuencia organizada ante la cual el Estado parece un espectador impotente. Pocos mueven un dedo para rescatarlos de este remolino de desesperación.
Hace apenas unos días, durante el Consejo de Paz y Justicia Cívica celebrado en Palacio de Gobierno, el alcalde de Reynosa, CARLOS PEÑA ORTIZ, puso el dedo en la llaga: la extorsión se ha disparado de manera alarmante. PEÑA confió —quizás con excesivo optimismo— en que el nuevo Fiscal General, JESÚS ALEJANDRO GOVEA OROZCO, atienda el tema como prioridad.
Las verdades de CARLOS PEÑA suelen ser incómodas, pero son reales. Aunque reconoce la baja en delitos de alto impacto como el homicidio, no quita el dedo del renglón en las mesas de seguridad: la extorsión está carcomiendo a todos los sectores.
Para combatirla, el alcalde exige cambios profundos en las fiscalías, tanto estatales como federales. Su reclamo es directo: Reynosa no puede seguir siendo el botín de los cobradores de cuotas mientras otros alcaldes, como BETO GRANADOS en Matamoros, prefieren mirar hacia otro lado mientras los negocios cierran sus puertas.
Matamoros es el claro ejemplo de la ceguera y complicidad oficial, no son pocos los comercios que cerraron sus puertas y hasta colocaron cárteles en sus locales denunciando que se van para pagar las cuotas impuestas por los grupos criminales.
GRANADOS en lugar de apoyarlos, también inicio por su parte una campaña de sanciones contra los comerciantes, cerrando dulcerías, pizzerías y otros negocios por no pagar las extorsiones oficiales de funcionarios de la tesorería municipal. Ningún funcionario fue sancionado, mucho menos le pidieron la renuncia, todo como parte de la complicidad oficial de una ciudad que celebra 200 años de su fundación en medio de caras largas por la equivocación que cometieron por votar por un alcalde ambicioso y poco empático con la actividad comercial, quien pide a sus colaboradores exprimir la ciudad y el presupuesto.
Pero el hartazgo ya rompió el silencio de la iniciativa privada. El líder de la CANACO en Reynosa, Gildardo López Hinojosa, denunció una realidad aterradora: el crimen organizado ya controla las cadenas de distribución.
Los comerciantes son obligados a comprar suministros exclusivamente a distribuidores ligados a la delincuencia. ¿El resultado? Desabasto y una inflación criminal, ya que los empresarios deben contemplar la “cuota” en su presupuesto de gastos para poder seguir operando.
Sin embargo, la extorsión no solo viene del monte. También brota de las oficinas públicas, específicamente de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, convertidas hoy en la auténtica “Cueva de Alí Babá”.
La corrupción en estas instancias se disparó con la llegada de Luis Gerardo Illoldi Reyes a la Secretaría del Trabajo. No es sorpresa; es su sello personal. Ya desde su paso por Seduma en Victoria, los gasolineros se quejaban de sus métodos recaudatorios a cambio de permisos.
Tras su gris y cuestionado paso por la Subsecretaría de Egresos, lo premiaron con la STPS, donde las pifias y las denuncias en la Fiscalía Anticorrupción siguen acumulándose en su contra.
La IP de Ciudad Victoria ya no aguanta más y presenta denuncias formales por los abusos y la falta de certeza jurídica en la Junta de Conciliación Número 3. Ahí, actuarios y funcionarios manipulan expedientes al mejor postor.
Hoy, el empresario tamaulipeco libra una guerra en dos frentes: contra la delincuencia que porta armas y contra la burocracia que porta sellos oficiales. Entre ambas, terminan con la economía del estado.
Bueno, por hoy es todo.
Adiós y aguas con los patinazos…
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