Por Juan Antonio Montoya Báez
Para el SAT, JULIO es un contribuyente con actividades empresariales y deudas millonarias; pero en su realidad, es un trabajador que ni siquiera puede soñar en alcanzar los 50 mil pesos que el gobernador regiomontano, SAMUEL GARCÍA desprecia.
JULIO es la víctima perfecta de un sistema que utiliza la información de los más vulnerables para “ordeñar” presupuestos públicos.
Jamás contrató a un contador que le llevará las cuentas, ni sus gastos, ni sus ingresos, el motivo era muy simple, nunca tuvo registro para dar facturas, por el simple hecho de que jamás se dio de alta con alguna actividad empresarial.
No era persona física con actividad empresarial o moral, era un simple trabajador que dependía de sus patrones, quienes se encargaban de hacerle los descuentos respectivos de ISR, INFONAVIT y Seguro Social.
Sin embargo, su situación cambio, ganaba más, pero mucho más, pero nunca se dio cuenta de ello, el ingreso le hubiera servido para darle un mejor nivel de vida a su familia, le garantizaba el acceso a la vivienda y hasta dejar de comprar en abonos en la tienda de la esquina, para poder llenar el carrito a HEB, con su Plata Card, con un crédito de 200 mil pesos y un mundo de ofertas.
Sin embargo, ese mundo era pura ilusión, pues se enteró de la peor manera que tenía saldo negativo en el SAT, debía impuestos.
Resulta que JULIO acudió a la Servicio de Administración Tributaria porque su patrón le pidió una Constancia de Situación Fiscal con fecha reciente, como parte de un trámite de rutina que se solicitó a millones de trabajadores en el país.
Al acudir por su Constancia de Situación Fiscal, descubrió que alguien en el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes lo dio de alta para cobrar dinero que él jamás olió, dejándole a cambio una opinión negativa y un problema legal que hoy no tiene cómo pagar.
La tragedia de JULIO no es aislada; es una de las 14 denuncias que ya duermen en la Fiscalía Anticorrupción. Mientras tanto, en el Congreso, la secretaria NORMA ANGÉLICA PEDRAZA MELO presenta cifras de auditorías y porcentajes de solventación que suenan muy bien en el papel, pero que no le quitan el hambre ni la deuda a los afectados.
Aunque la secretaria presume una revisión de 36 mil millones de pesos y miles de observaciones, la realidad es que el caso del ITCA sigue bajo el “sospechosismo”.
La ex titular, BRENDA DENISSE DE LA CRUZ LÓPEZ, continúa bajo investigación por anomalías de apenas ocho millones de pesos, una cifra que palidece frente al daño moral y financiero causado a trabajadores como JULIO.
Dice la diputada PALOMA GUILLÉN que la corrupción “muchas veces se normaliza”, y tiene razón: se normaliza cuando los procesos son lentos, cuando se habla de “faltas administrativas” en lugar de “robos descarados” y cuando los responsables siguen libres mientras las víctimas tienen que contratar abogados para defenderse de un dinero que el propio Estado les robó en papel.
Se normaliza cuando un Secretario es acusado de enriquecimiento ilícito, venta de plazos y otros delitos, pero en lugar de investigarlo, buscan a toda costa de protegerlo.
La comparecencia de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno deja algunos huecos.
De poco sirven los 44 expedientes de responsabilidad si no hay denuncias penales contundentes.
En el ITCA se presume malversación y eventos culturales fantasma, pero para JULIO, el “festival” fue de pesadilla.
Es hora de que la justicia deje de ser un trámite burocrático y empiece a castigar a los delincuentes de cuello blanco que usan la nómina como su caja chica personal.
Este 2026 no habrá julio regalado, habrá julio regañado, julio estafado, julio defraudado y julio engañado sin esperanza de calificar para su plata card, ni siquiera la bronce card.
Bueno, por hoy es todo.
Adiós y aguas con los patinazos…
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