Por Agustín Peña Cruz
A dos años de la victoria electoral que llevó a Claudia Sheinbaum a la Presidencia
de México, la mandataria presentó un informe político que trasciende el formato
tradicional de rendición de cuentas. Más que una enumeración de programas, cifras
o proyectos de infraestructura, el mensaje pronunciado desde el Monumento a la
Revolución constituyó una reafirmación ideológica del proyecto político conocido
como Cuarta Transformación y una defensa explícita de la soberanía nacional frente
a lo que el gobierno considera nuevas formas de injerencia extranjera.
El discurso fue transmitido simultáneamente en plazas públicas de 30 estados y la
Ciudad de México. La presidenta saludó a ciudadanos reunidos en Aguascalientes,
Baja California, Baja California Sur, Campeche, Ciudad de México, Colima, Chiapas,
Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México,
Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana
Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz,
Yucatán y Zacatecas. Coahuila fue la única entidad donde no se realizó una
concentración pública debido a la celebración de elecciones locales.
El acto tuvo una carga simbólica evidente. Sheinbaum recordó que cerca de 36
millones de mexicanos respaldaron en las urnas la continuidad del movimiento
iniciado por Andrés Manuel López Obrador y subrayó que su llegada a la
Presidencia representó también un momento histórico para las mujeres mexicanas.
“Por primera vez una mujer llegó a la Presidencia de la República”, afirmó,
presentando ese hecho como una victoria colectiva más que individual.
Sin embargo, la esencia del mensaje no estuvo únicamente en la reivindicación
política del triunfo electoral. El discurso buscó construir una narrativa de contraste
entre dos modelos de país: el que, según el gobierno, caracterizó a las
administraciones neoliberales durante más de tres décadas y el que actualmente
impulsa la denominada economía moral y el humanismo mexicano.
En esa lógica, Sheinbaum insistió en que la austeridad republicana sigue siendo uno
de los pilares de su administración. Destacó que los salarios de los altos
funcionarios no han aumentado, que se redujo el gasto corriente y que la
recaudación creció sin necesidad de incrementar impuestos. Según la mandataria,
el objetivo es que los recursos públicos regresen a la población convertidos en
infraestructura, programas sociales, hospitales, escuelas y vivienda.
La insistencia en la honestidad gubernamental responde a una estrategia política
clara. La lucha contra la corrupción continúa siendo uno de los principales
elementos de legitimación del movimiento gobernante. “No llegamos al gobierno
para servirnos; llegamos para poner el poder al servicio del pueblo y de la nación”,
señaló.
En el terreno económico, el informe buscó proyectar una imagen de estabilidad
frente a un escenario internacional complejo. La presidenta destacó récords en
inversión extranjera directa, aumento del empleo formal, reducción de la inflación y
fortalecimiento del peso frente al dólar. También enfatizó que la pobreza laboral se
encuentra en su nivel más bajo desde que existen registros comparables.
Estas cifras fueron utilizadas para respaldar una tesis central del discurso: que la
intervención activa del Estado en la economía puede coexistir con crecimiento
económico y estabilidad financiera. A diferencia de los enfoques de libre mercado
predominantes durante las décadas anteriores, Sheinbaum defendió un modelo
donde el gobierno participa directamente en la promoción del desarrollo y en la
redistribución de la riqueza.
Los programas sociales ocuparon un espacio relevante dentro de la exposición
presidencial. La mandataria destacó que más de 42 millones de personas recibirán
algún beneficio de bienestar al cierre de 2026, con una inversión superior al billón de
pesos. Pensiones para adultos mayores, apoyos a mujeres, becas educativas,
subsidios agrícolas y programas para jóvenes fueron presentados como
mecanismos permanentes de justicia social y no como medidas temporales de
asistencia.
En educación, la administración reivindicó la expansión de becas universales, la
creación de nuevos espacios en preparatorias y universidades, así como la
eliminación de exámenes de admisión en el nivel medio superior. En salud, la
presidenta sostuvo que el gobierno avanza hacia un sistema universal capaz de
integrar los servicios del IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar.
La vivienda también apareció como una de las prioridades. La meta de construir 1.8
millones de hogares para familias de bajos ingresos fue presentada como una
respuesta a décadas de rezago habitacional y como un intento de corregir los
efectos de esquemas crediticios considerados injustos.
Otro eje central fue la reivindicación de la soberanía energética. El gobierno
defendió el fortalecimiento de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de
Electricidad, instituciones que durante años fueron objeto de reformas orientadas a
incrementar la participación privada. Sheinbaum argumentó que la recuperación de
estas empresas estratégicas ha permitido garantizar combustibles accesibles y
fortalecer la seguridad energética nacional.
La infraestructura apareció igualmente como símbolo de transformación. Carreteras,
trenes de pasajeros, proyectos hidráulicos, ampliaciones aeroportuarias y obras
ferroviarias fueron descritos como parte de una estrategia de integración territorial.
La presidenta presentó el resurgimiento del ferrocarril de pasajeros como uno de los
emblemas del actual periodo histórico.
Sin embargo, la parte más significativa del discurso llegó cuando abandonó los
indicadores económicos para abordar el tema de la soberanía nacional.
La mandataria denunció la existencia de campañas digitales de desinformación
impulsadas, según afirmó, por sectores conservadores nacionales e internacionales
interesados en debilitar al gobierno mexicano. En una época donde la influencia
política se ejerce cada vez más a través de redes sociales y plataformas digitales,
Sheinbaum planteó que la soberanía ya no se limita al territorio físico, sino que
también involucra la información y la percepción pública.
La presidenta vinculó esta reflexión con acontecimientos recientes relacionados con
autoridades estadounidenses. Criticó la participación de agentes extranjeros sin
acreditación oficial en territorio mexicano y cuestionó solicitudes de extradición
dirigidas contra funcionarios mexicanos sin que, según dijo, se hubieran presentado
públicamente las pruebas correspondientes.
El mensaje que retumbó fue: “México no es piñata de nadie”.
Esta frase condensó una de las ideas más importantes del discurso. Para el
gobierno, la cooperación internacional es necesaria y deseable, pero debe
realizarse bajo principios de igualdad y respeto mutuo. “Cooperación no significa
subordinación; colaboración no significa sometimiento”, afirmó.
El planteamiento conecta con una larga tradición histórica mexicana marcada por la
defensa de la autodeterminación y la no intervención. Desde esta perspectiva, la
soberanía se convierte no solo en un principio jurídico, sino en un componente
central de la identidad nacional.
La seguridad pública también fue presentada bajo esa óptica. Sheinbaum sostuvo
que los homicidios dolosos han disminuido 49% en 20 meses y que los delitos de
alto impacto registran una reducción de 20%. A diferencia de la estrategia
militarizada aplicada durante gobiernos anteriores, afirmó que su administración
busca “construir paz con justicia”.
El mensaje cerró con una fuerte apelación al respaldo popular. La presidenta
convocó a simpatizantes y ciudadanos a participar en asambleas informativas y a
defender lo que considera los avances alcanzados durante la transformación política
iniciada en 2018.
Desde una perspectiva sociopolítica, el informe confirma la consolidación de una
narrativa que combina tres elementos fundamentales: bienestar social, nacionalismo
democrático y participación popular. Mientras los programas sociales buscan
fortalecer la legitimidad interna, el discurso de soberanía funciona como un
mecanismo de cohesión frente a amenazas externas reales o percibidas.
La apuesta del gobierno parece: presentar la transformación no únicamente como
una política pública, sino como un proyecto histórico respaldado por una mayoría
social organizada. En esa construcción narrativa, los indicadores económicos, las
obras de infraestructura y las políticas sociales adquieren un significado mayor.
Dejan de ser simples acciones administrativas para convertirse en pruebas de un
cambio de régimen que, según la presidenta, debe defenderse tanto en las urnas
como en el debate público.
A dos años de aquella victoria electoral, el mensaje presidencial mostró que la
principal batalla política del gobierno ya no gira únicamente en torno al crecimiento
económico o la administración pública. Se centra, sobre todo, en la disputa por
definir quién tiene la autoridad legítima para decidir el rumbo de México: las
instituciones nacionales respaldadas por el voto popular o las presiones
provenientes de actores externos. Para Claudia Sheinbaum, la respuesta es: el
pueblo mexicano.
Nos vemos en la siguiente entrega mi correo electrónico es
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- El Autor es Master en Ciencias Administrativas con especialidad en relaciones industriales, Licenciado en
Administración de Empresas, Licenciado en Seguridad Pública, Pasante de la Licenciatura en Derecho, Periodista
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