Enfrenta uno de los momentos más difíciles de los últimos años, con una reducción significativa tanto en la plantilla laboral como en la contratación de servicios externos
“Hace unos años contábamos con alrededor de cinco mil trabajadores contratistas; actualmente apenas llegan a dos mil. Esto representa una caída del 50 por ciento que impacta directamente en el empleo local”.
Especial / LA RED DE ALTAMIRA
ALTAMIRA, TAM. – La industria de Altamira enfrenta uno de los momentos más difíciles de los últimos años, con una reducción significativa tanto en la plantilla laboral como en la contratación de servicios externos.
La situación se atribuye a la incertidumbre económica generada por los aranceles aplicados por Estados Unidos y las recientes negociaciones del Tratado de Libre Comercio.
Julio Alfaro Flores, secretario general de la Sección 212 del Sindicato Petroquímico, calificó al 2025 como un año especialmente complejo para el sector, marcado por la disminución en la producción de varias empresas del corredor industrial.
“Hace unos años contábamos con alrededor de cinco mil trabajadores contratistas; actualmente apenas llegan a dos mil. Esto representa una caída del 50 por ciento que impacta directamente en el empleo local”, explicó Alfaro Flores.
El dirigente sindical destacó que los aranceles al acero y al aluminio han golpeado con fuerza a las empresas exportadoras, generando un efecto dominó que afecta también a la industria petroquímica y manufacturera de la región.
Aunque no se han registrado cierres de plantas, la incertidumbre persiste. Entre el 60 y 70 por ciento de la producción industrial de Altamira se destina al mercado estadounidense, lo que mantiene en alerta a empresarios y trabajadores.
“Si las exportaciones se ven complicadas, el mercado interno, que absorbe apenas el 30 por ciento de la producción, no sería suficiente para mantener las operaciones”, advirtió Alfaro Flores.
A pesar de las dificultades, el líder sindical aseguró que las empresas cumplirán con el pago de aguinaldos y aplicarán incrementos salariales moderados de entre 3 y 5 por ciento, como estrategia para garantizar la estabilidad laboral y evitar despidos masivos.
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